La Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial objetó el proyecto de reforma de las jubilaciones especiales que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación. La entidad consideró que no se tuvo en cuenta la realidad de las provincias que transfirieron sus cajas a la Nación y opinó que la reforma afecta la independencia del Poder Judicial.
A través de un comunicado, la presidenta de la entidad Marcia Lozada Figueroa expresó su preocupación por la situación en que se encuentran frente al proyecto, "ya que fue elaborado sin tener en cuenta la realidad de provincias como Catamarca, que con otras diez más han transferido sus cajas a la Nación".
Los magistrados locales coinciden los pronunciamientos que realizaron la Junta de Gobierno de la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial (FAM), de la que participan activamente. También al Pronunciamiento de la Federación Latinoamericana de Magistrados (FLAM) , la Unión Internacional de Magistrados y la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, entre otros.
"El proyecto atenta contra la independencia judicial, el principio de intangibilidad de las remuneraciones y la inamovilidad en los cargos. Agrava la ya acuciante situación de asimetría salarial entre magistradas/os y funcionarias/os de los poderes judiciales provinciales y de CABA, cuyos sueldos no son de privilegio. Si se toma como base de cálculo para la movilidad de los haberes jubilatorios los últimos 10 años se dará una paulatina disociación del haber de retiro de los jueces, fiscales, defensores y demás funcionarios judiciales con el sueldo en actividad. Como tampoco se explica el porqué del aumento del aporte del 12% al 18. Además de que se desconoce aún cual será el índice de actualización", expresaron en el documento.
Luego los magistrados explican que con el régimen especial de retiro en vigencia los integrantes del Poder Judicial de la Nación y provinciales aportan un punto porcentual más que el régimen general aportado al fondo común jubilatorio y cuyo monto se calcula -no como ocurre en el régimen común- sobre el bruto de las remuneraciones que perciben.
Más adelante, la entidad sostiene que los miembros del Poder Judicial ya se encuentran incluidos en un sistema de incompatibilidades y limitaciones funcionales que sin dudas es necesario mantener para el correcto ejercicio de su función, como ninguna otra actividad pública. Por ello, es imprescindible que se respete la movilidad real de los haberes jubilatorios que perciben los magistrados y funcionarios cuando se retiren, con la finalidad de asegurar que la función judicial se mantenga invariablemente alejada de las circunstanciales mayorías políticas o de cualquier otro tipo".
Agrega que la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo “Gaibisso, César A. y otros ya se expidió sobre las legítimas expectativas de los magistrados en actividad , sin que se ponga en peligro el ejercicio independiente y sereno de su función.
"Es que el régimen jubilatorio es un elemento de estabilidad de la judicatura y auxiliares de la administración de justicia, el cual debe ser protegido en defensa de la independencia judicial como elemento consustancial del Estado de Derecho y de defensa de los Derechos Humanos", manifiesta y exhorta a las autoridades a convocar al diálogo y al debate entre los afectados por la posible reforma.
Primera baja en el Poder Judicial local
El juez de Cámara del Tribunal Oral Federal, Adolfo Raúl Guzmán, envió una nota a la ministra de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Marcela Miriam Losardo, por la que comunica su renuncia al cargo de juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Catamarca a partir del pasado jueves 27. Guzmán ejercía ese cargo desde diciembre de 1994. Se había jubilado en agosto de 2015, pero había optado por continuar en la actividad judicial. Ahora solicitó acogerse a los beneficios de la jubilación ordinaria bajo el imperio de las disposiciones de la ley vigente. Guzmán integra la Cámara con Juan Carlos Reynaga y Enrique Lilljedahl.
