Los diputados de la UCR fueron críticos de las declaraciones del gobernador Raúl Jalil sobre la responsabilidad de los intendentes en la designación de personal y cuestionaron la gran cantidad de nombramientos que hubo en el último tramo de la gestión de Lucía Corpacci. Además, cuestionaron que antes del cambio de gestión se firmó un decreto con el que se equiparó la remuneración del fiscal de Estado con la de un miembro de la Corte y lo tildaron de inconstitucional.
"A propósito de los despidos en Valle Viejo y Recreo, el Gobernador ha manifestado que llegó la hora de que los intendentes 'pongan las cosas en orden'. De ello podría inferirse que Jalil considera que son los municipios los únicos niveles de gobierno que deben mejorar la administración de sus recursos, y de ser esa su posición no coincidimos", expresaron en un documento los diputados Francisco Monti, Marita Colombo, Genaro Contreras, Natalia Herrera, Luis Lobo Vergara, Carlos Marsilli, Alejandra Pons y Tiago Puente.
En este sentido, advirtieron que en "un simple repaso por el Boletín Oficial de los últimos años" se pueden encontrar "designaciones de supervisores fuera de nivel, comisiones de servicio de docentes por doquier, cientos de nombramientos de empleados públicos bajo modalidades diversas en todas las jurisdicciones del Poder Ejecutivo provincial, que se ven exacerbados en tiempos electorales".
"Si Jalil consultara solo los once boletines publicados en lo que llevamos de 2020, podría comprobar alrededor de 200 designaciones realizadas por ex ministros del Ejecutivo durante la última transición política, cifra que se incrementa si ampliamos el período de análisis de estos boletines. Podría comprobar, además, que varios de los firmantes de esos decretos siguen siendo ministros o funcionarios del Ejecutivo, es decir, que son sus ministros", remarcaron.
Para los diputados, las crisis de Valle Viejo y Recreo "ofrecen oportunidades varias". "La primera, intentar un ejercicio de coherencia para medir la correspondencia entre el discurso y los hechos, y hacer el esfuerzo de juzgar a todos con la misma vara. Tal vez ese camino nos permita arribar a conclusiones realistas y tomar mejores y más eficaces decisiones. La segunda, reconocer la inconveniencia de usar la lupa de manera arbitraria buscando exceso de gastos solo en los municipios hasta ayer opositores al peronismo que gobierna Catamarca desde 2012, so pena de reeditar tiempos de persecución, tensando innecesariamente la relación con las fuerzas políticas de oposición", expresaron.
"Esa decisión resulta arbitraria e insidiosa porque induce al error de considerar que solo habría escaso rigor administrativo en los municipios opositores al peronismo gobernante. Si lo que se busca es la verdad, resultará loable y justo auditar también administraciones municipales oficialistas para sacar recomendaciones que orienten al diseño de una nueva política municipal, que contribuya con el crecimiento de Catamarca", insistieron.
Los diputados destacaron que los ex intendentes de Valle Viejo y Recreo "han dado la cara y se han expresado públicamente sobre las responsabilidades que sus sucesores les endilgan, contrastando con números los ingresos de las jurisdicciones que gobernaron". "Bueno sería que Susana Zenteno y Luis Polti hicieran lo propio y pusieran los números sobre la mesa", señalaron.
Por último, desearon que "ojalá en Catamarca podamos abrevar de Angela Merkel, amable anfitriona del presidente Alberto Fernández hace pocos días: 'Los problemas se suponen conocidos de antemano, por eso se hacen elegir para gobernar. Culpar a los predecesores es una salida fácil y mediocre'", citaron.
Contra Fiscalía
Los diputados cuestionaron que a estas designaciones debe agregarse "la flagrante inconstitucionalidad del decreto acuerdo Nº 2757 del 6 de diciembre, que equipara la remuneración del Fiscal de Estado, integrante del Ejecutivo, con la de los miembros de la Corte de Justicia". "Se trata de un verdadero hallazgo, en orden a que la Constitución Provincial establece que ningún funcionario del Ejecutivo debe percibir un sueldo mayor que el del gobernador/a de la Provincia", expresaron.
Según el último tope salarial que rige desde el 1º de agosto de 2019, ningún funcionario puede percibir más de $120.743, y con este decreto el fiscal de Estado, Marcos Denett, alcanzó casi $230.000 (en base a lo percibido por los ministros de la Corte en 2019).
