El oficialismo de la Cámara de Diputados logró anoche, tras una votación ajustada, convertir en ley la nueva fórmula de movilidad jubilatoria, una iniciativa que afectará los ingresos de casi 18 millones de personas entre jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones sociales y que resulta clave para el Gobierno para ajustar el gasto público.
Tras varias horas y algunos cruces, el debate se concretó sin demasiadas sorpresas, con discursos a favor y en contra.
El proyecto establece que los aumentos se actualizan trimestralmente en función de una fórmula compuesta en un 50% por la recaudación de ANSES y otro 50 % por la evolución de salarios, surgida del porcentaje más alto entre el medido por el INDEC y el índice RIPTE que confecciona el Ministerio de Trabajo.
La fórmula que el oficialismo busca consagrar es similar (con algunos remiendos) a la que se estableció en 2008 en el primer Gobierno de Cristina Kirchner y que estuvo vigente hasta fines de 2017, cuando el Gobierno de Cambiemos logró votar una receta diferente para el cálculo de haberes, que tenía en cuenta en un 70% la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), criterio que ahora se deja de lado.
Como miembro informante del oficialismo, el presidente de la comisión de Previsión y Seguridad Social de la Cámara de Diputados, Marcelo Casaretto, afirmó que la iniciativa es "una muy buena ley" y consideró que "el tiempo dará la razón" al Frente de Todos. El miembro informante del dictamen de Juntos por el Cambio, el radical Alejandro Cacace, aseguró que "el concepto de esta ley es el ajuste" y explicó que con la suspendida fórmula de Cambiemos, aprobada con escándalo a fines de 2017, los jubilados hoy estarían cobrando por encima de lo que el Gobierno les otorgó por decreto a lo largo de este año. n