El Juzgado Civil nº4, a cargo de Silvina Mónica Millán, hizo lugar a una acción de rendición de cuentas presentada por el abogado Carlos Rosales Vera contra los titulares de la Caja Forense respecto de los períodos 2015/2016 y 2016/2017. Se trata de una causa que se inició hace más de tres años.
La sentencia de la jueza obliga al entonces presidente de la Caja, Gabriel Jaime, y al director titular Estanislao Reinoso, a rendir cuentas de ambos ejercicios en el término de 30 días desde que la sentencia quede firme.
Como la Caja Forense está en proceso de disolución desde el pasado 23 de septiembre con la aprobación de la ley nº5663, la sentencia establece que la Comisión Liquidadora de la Caja deberá arbitrar los medios para permitir que las partes accedan a esa documentación.
A principios de noviembre de 2017, Rosales Vera encabezó los cuestionamientos a la conducción de la Caja Forense, ya que en la asamblea de ese año el balance se había aprobado sin estar a disposición de los afiliados.
Por entonces, los cuestionamientos habían surgido en torno a los gastos ocasionados por una fiesta, y si bien la ley no obligaba a la Caja Forense a rendir cuentas, era una práctica que ocurría habitualmente. Luego, las autoridades de la Caja señalaron que la documentación estaba a disposición de los denunciantes.
A fines del año pasado asumieron en la Caja Forense los directores titulares Ana Mascareño, Ángel Granizo y Gustavo Marenco; y los suplentes Emiliano Carignano, Patricia Aguirre y Gastón Venturini. Esta comisión estuvo a cargo hasta que se inició el proceso de disolución.
Además, el Colegio de Abogados es uno de los adherentes a la Caja Complementaria Interprofesional, que surgió junto con los profesionales de Ciencias Económicas, Odontólogos, entre otros círculos.