El gobernador Raúl Jalil firmó ayer el decreto por el que autoriza a la Caja de Crédito y Prestaciones Provincial a implementar una operatoria de factoring destinado a personas humanas o jurídicas que tengan crédito documentado a su favor. Para ello, la provincia destinará 400 millones de pesos con la finalidad de agilizar y hacer más eficientes los pagos en el Estado.
De la rúbrica participaron el ministro de Hacienda Pública, Sebastián Véliz; el presidente de la Caja de Crédito y Prestaciones, Rafael Ponzo Florimonte; sus directores Daniel Zelarayán y Stella Nieva; el presidente de la Unión Comercial, Alejandro Segli y de la Cámara de la Construcción, Julio César Córdoba.
A través de la operatoria factoring se pretende dar mayor transparencia a las operatorias de compra que realice el Estado, donde se les asegura un pago a 30 días a los proveedores. Si no se paga por la Tesorería se hará mediante la operatoria de factoraje y/o descuento de documento.
“Básicamente es para hacer más eficientes los recursos del Estado y generar mayor previsibilidad a los proveedores. Eso le va a permitir contratar a precios más competitivos al Estado y le va a dar mayor certeza en la fecha de pago a las empresas, y la tasa activa va a ser la del Banco Nación”, explicó el presidente de la Caja de Crédito.
La burocracia en el pago a los proveedores era uno de los motivos por los que el Estado adquiría productos más caros. n
