El senador nacional Oscar Castillo expresó su rechazo el proyecto enviado por el Gobierno Nacional que busca la baja al 1,40% del coeficiente de coparticipación para la Ciudad de Buenos Aires, argumentando que “la raíz política de esta decisión tiene como origen exclusivamente la búsqueda de fastidiar, entorpecer, vulnerar, descomponer al rival político, en el distrito donde no puede torcer el resultado electoral”.
El viernes último, el oficialismo aprobó en el Senado el proyecto del Gobierno que concluye con el traspaso de las funciones de seguridad a la Ciudad de Buenos Aires y recorta al mismo tiempo la coparticipación para el distrito porteño, mientras que la oposición se negó a votar porque considera “nula” la última prórroga de sesiones “virtuales”. El proyecto, que pasó a Diputados, fue aprobado con 42 votos a favor y por unanimidad, dado que luego de criticar el proyecto y realizar una defensa de la gestión del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, los senadores de JPC se desconectaron como una forma de desconocer la votación.
Sobre este tema , el legislador catamarqueño se preguntó si “alguien cree honestamente que sí el Jefe de Gobierno electo –y por ende que asumió en diciembre– en vez de llamarse Horacio Rodríguez Larreta, sería Matías Lammens –o para agregarle más, Filmus, o si se apellidara Recalde– ¿Estaríamos tratando este proyecto hoy?”. “La respuesta es no”, se contestó.
Castillo consideró que la discusión no debería reducirse “a una disputa de recursos entre porteños y bonaerenses” sino que sienta un grave antecedente para la República puesto que el Gobierno Nacional afecta discrecionalmente recursos presupuestarios de un distrito cuando no le es afín políticamente.
“Le saco los recursos a ese, y se los doy automáticamente al que más me interesa territorial, política y electoralmente, así, de una”, sentenció.
A su vez, el referente radical enfatizó que lamentablemente esta disección del Gobierno Nacional terminará judicializándose. En este tramo de su discurso también recordó que fue el Gobierno de Mauricio Macri –luego de un fallo judicial que le dio la razón a los reclamos de Córdoba, Santa Fe y San Luis– el que “dio cumplimiento a esa sentencia e incluso hizo un esquema programado en el tiempo y le fue devolviendo a las provincias”.
Finalmente, Castillo lamentó que “si el diálogo está ausente en nuestro país es muy difícil” y “es un grave antecedente que hiere fuertemente los conceptos republicanos de las instituciones de la Argentina”.
Castillo ya había expresado su oposición a la decisión del Gobierno nacional y había advertido sobre los riesgos para la Provincia.
