La Cámara de Senadores le dio ayer media sanción al proyecto que actualiza la ley de educación de gestión privada. La iniciativa había sido enviada por el Poder Ejecutivo y se aprobó sin modificaciones. El oficialismo destacó que la ley otorga previsibilidad al momento de definir la subvención estatal y los aranceles que cobrarán los colegios privados.
Además, se convirtió en ley el proyecto para la expropiación de tierras improductivas que pertenecían a diferimientos impositivos. La iniciativa fue modificada en Diputados y volvió para su sanción definitiva en el Senado.
En septiembre se presentó el anteproyecto final de la Ley de Enseñanza Privada, la que tenía más de 40 años de su sanción sin modificaciones.
La iniciativa contempla que el aporte estatal para los privados estará dividido en cinco categorías de bandas arancelarias que repercutirán en el nivel de subvención. Esto define los cargos que se subvencionarán anualmente en las respectivas POF (Planta Orgánica Funcional) de los colegios privados, estableciéndose que quienes cobren una cuota más alta a los alumnos tendrán un menor aporte estatal.
El senador Raúl Barot (FT) fundamentó la iniciativa y destacó que esta ley impacta "sobre 21 mil alumnos y alumnas de la provincia que concurren a 31 colegios que prestan el servicio de Educación de Gestión Privada".
Destacó que los legisladores participaron en distintas mesas de discusión sobre el proyecto que se envió a la Legislatura.
"La normativa es clara para la evolución de la sociedad. Es una ley que trae derechos y previsibilidad para los administradores de las escuelas y también previsibilidad para el Gobierno sobre cuáles serán los recursos que se destinarán para el mantenimiento y para lograr una eficiencia en la educación de gestión privada. Los alumnos que hoy están en el sistema privado representan el 16% de la masa total de alumnos". En esta línea destacó que hay artículos como el 79 y 80 que establecen cuáles serán los porcentajes presupuestarios que destinará la provincia para el mantenimiento de la educación de gestión privada y cooperativa.
Matrícula y aranceles
El artículo 64 de la iniciativa establece que la matrícula "es el pago anual por alumno/a de una suma de dinero que no podrá exceder de dos aranceles del último mes del ciclo lectivo en curso, fijado por cada institución educativa, como derecho de matriculación y mantenimiento". Establece la siguientes excepciones:
a. Entre tres (3) y cuatro (4) hermanos/as, solo abonarán dos matrículas.
b. Entre cinco (5) o más hermanos/as, solo abonarán tres matrículas.
Más adelante establece que el arancel es toda suma de dinero mensual exigible por parte del servicio educativo, curricular obligatorio, por alumno/a, a sus representantes o tutores en retribución por la prestación de dicho servicio. A los efectos del pago de este concepto, se considerará período lectivo el comprendido entre el 1° de marzo y el 3 1 de diciembre de cada año.
"La determinación del valor del arancel se fijará teniendo como base el cargo testigo de Maestro de Grado, sin antigüedad, sin zona (en adelante CT), compuesto por su sueldo básico más aporte nacional en concepto de material didáctico e incentivo docente o cualquier otra suma, remunerativa o no remunerativa, que se incorpore con posterioridad. Las actualizaciones del arancel se regirán de acuerdo con las variaciones del CT", indica la fórmula.
Barot informó también que se contemplan becas para alumnos y alumnas de escasos recursos que quieran concurrir a un establecimiento privado.
Expropiaciones
Por otra parte, el Senado aprobó el proyecto iniciado por el Poder Ejecutivo provincial por el que se modifica la Ley 2210/66 de Expropiaciones.
“En las últimas décadas hubo numerosos proyectos que resultaron descuidados o abandonados y quedaron librados a su propio destino, con campos improductivos en todo el territorio provincial, con severo riesgo ambiental producto de una masiva deforestación que nunca se recuperó, y con otros factores similares que pusieron en peligro la seguridad de zonas urbanas y rurales” manifestó el senador Raúl Barot al fundamentar el proyecto.
En esta línea remarcó que “la actual crisis productiva local requiere en forma inmediata el recupero de todos estos inmuebles para convertirlos nuevamente en proyectos que sean productivos y colaboren con el desarrollo de la economía local”.
En este marco, agregó que se deben considerar dos puntos en relación con la mejora del procedimiento expropiatorio y que son, "desde el punto de vista económico que la indemnización que abone la Provincia, producto de dicha expropiación, se haga efectiva previa determinación y pago de todas y cada una de las deudas que esas propiedades generaron con el Fisco de la Provincia, ya que eran inmuebles beneficiados fiscalmente. El otro punto consiste en la puesta en marcha de un proceso dinámico de puesta en posesión del inmueble en manos estatales para comenzar de inmediato la reactivación económica, resultando indispensable y urgente el dictado de una ley en tal sentido", concluyó. n