El Gobierno apuntó a la Justicia por la condena por abuso sexual que dejó en libertad al intendente del municipio de Puerta de Corral Quemado, Enrique Aybar. El gobernador Raúl Jalil y el ministro de Gobierno, Jorge Moreno, ratificaron que no están de acuerdo con la intervención al municipio tal como proponen algunos diputados y senadores del oficialismo.
Jalil estuvo ayer en Belén y fue consultado por la situación de Aybar: "Es un tema de la justicia, yo no estoy a favor de la intervención, es un tema que lo tendría que haber resuelto el juez (Jorge Palacios). El juez tendría que haber resuelto la causa con la libertad o no del intendente. Se tiene que debatir en la Justicia. La justicia tendría que haber resuelto", expresó el mandatario.
En Tinogasta, el ministro Jorge Moreno también ratificó que no acompaña la intervención y respaldó a la intendenta de Fiambalá, Roxana Paulón.
"Nos preocupa la cuestión de género, el abuso de menores, todo lo que sea violencia de género o que esté en desmedro de nuestra condición humana es condenable y debemos buscar la Justicia. Hay mecanismos que prevé la Constitución y también las leyes y debemos ser respetuosos. Seguramente cada municipio tiene un mecanismo de sustitución y ese es el criterio del Gobernador y el mío propio. Ahora, también somos un frente político, en nuestro espacio hay diversidad de opiniones y absoluta libertad para expresarla y llevar las acciones que tengan que llevar adelante sin censura. Lo que plantearon los senadores son acciones que tienen que ver con sus actitudes individuales. Nosotros decimos que hay mecanismos legales de sustitución si hubiera algún error inconducta o alguno debiera ser separado del cargo", sentenció.
El miércoles último, el diputado Hugo Ávila (FUC) consideró que en el caso de Aybar “la única salida es la intervención”, y señaló que en Fiambalá, con la acusación sobre el exfuncionario Víctor Arturo Rodríguez, habría que tener las alarmas encendidas.
Moreno negó que la situación en Fiambalá sea similar a la de Puerta de Corral Quemado. "La intendenta (por Paulón) es una mujer que le ha puesto mucho coraje y ella misma se siente discriminada y le cuesta mucho esfuerzo llevar adelante una gestión. Yo estoy seguro de que si queremos ser respetuosos de las instituciones hay que remediar los asuntos que vayan sucediendo a través de la Constitución y nuestras leyes", sentenció.
Por su parte, el diputado Marcelo Murúa, presidente del bloque de diputados del Frente de Todos, apuntó también a la Justicia y negó la interna en el oficialismo.
"Yo creo que tiene que quedar claro que el principal responsable de que Aybar esté en la situación que está hoy, es el Poder Judicial porque teniendo sobrados elementos para determinar la condena y con prisión efectiva desde la primera instancia, es la justicia la que no lo hizo. El Poder Judicial es el principal responsable y sobre quienes no están puestos los ojos. Yo creo que en la Cámara de Diputados hay unanimidad en cuanto a que el responsable es la Justicia, hay que exhortar a que tome una decisión y deje firme la condena para que así se puedan activar los resortes que están previstos en la ley", expresó en declaraciones a Radio Ancasti. Por otra parte, Murúa salió al cruce del documento de Juntos por el Cambio en el que hicieron referencia a una utilización política de la pandemia. En este sentido, señaló que es la oposición la que realiza un uso político de la situación.
"El ministro Moreno se equivoca"
Luego de que se difundieran las expresiones del ministro de Gobierno, Jorge Moreno, el diputado Daniel Lavatelli salió al cruce y justificó su postura intervencionista. "El ministro Jorge Moreno se equívoca, no analizó bien la sentencia del caso Aybar y habló apresuradamente. Veo que desconoce que Aybar usó los recursos económicos y administrativos para su impunidad política, de la forma más corrupta. Un claro ejemplo es que usó la camioneta de la Municipalidad para cometer el abuso sexual, usó dinero de la Municipalidad para extorsionar a la víctimas", expresó al considerar que existen causales de desorden administrativo para la intervención.