La relación entre los concejales de FME parece estar en una etapa de quiebre que se avizora difícil de restablecer, pese a que habían mostrado signos de unidad. Denuncias por violencia institucional, falsificaciones de firmas, evidencian que la institución atraviesa un momento crítico.
Todo comenzó en agosto cuando el cuerpo de concejales, mediante ordenanza, aprobó por unanimidad la separación administrativa con el Ejecutivo municipal, modificando el organigrama y creando nuevos puestos que se repartieron entre todos los bloques, iniciativa que fue vetada por el intendente Guillermo Ferreyra al considerarla como “ inoportuna” por excederse del porcentaje establecido en el presupuesto general.
En la sesión siguiente, los ediles ratificaron esta ordenanza y aprobaron además el presupuesto general para el 2020, ya que el municipio venía trabajando con uno re-conducido de 2018. En esta ocasión, dos concejales: Ramón Guerrero (FT) y Antonio Arpire (Bloque Unipersonal Unidos por FME) no acompañaron con su voto ninguna de estas iniciativas. Sin embargo igualmente fueron aprobadas -con el voto de (Susana Acosta, René Romero (FT), Verónica Segura, Daniel Vildoza (JxC)-, aunque también fueron vetadas por el intendente, medida que tomó por sorpresa a los ediles, quienes no esperaban que el intendente frenara la ordenanza del presupuesto general que fue enviada por el mismo Ejecutivo, con el argumento de considerar "inoportuno" el incremento de gastos, con el agravante de que en ese momento el departamento regresó a la Fase 2 del aislamiento social, preventivo y obligatorio.
Esto llevó a nuevos quiebres en ambas bancadas y los intentos de insistir con esas medidas quedaron truncas. Pocos días después, un nuevo escándalo se desató en el Concejo, cuando la secretaria general denunció al concejal Antonio Arpire por sustraer “violentamente” de sus manos un instrumento legal que había tomado estado parlamentario. Se trataba de un despacho de minoría referido a un aumento salarial, lo que fue desmentido públicamente por el edil, quien además denunció a la presidenta del cuerpo, Susana Acosta (FT), “por orquestar una maniobra” en su contra, por “apoyar” al intendente Ferreyra.
A los días, un vecino del departamento se presentó en el recinto mientras sesionaban con denuncias en contra del jefe comunal, al que Ferreyra respondió acusándolo “por chantaje” por intentar “denunciarlo por enriquecimiento ilícito” en una supuesta “maniobra extorsiva” a cambio de una vivienda, interviniendo así la fiscalía de turno, que procedió al arresto del hombre.
Ante esta situación, también hubo acusaciones cruzadas entre los ediles; la presidenta del cuerpo se presentó espontáneamente ante la Justicia, a raíz de los cuestionamientos que la involucraban como posible “partícipe” de la maniobra en contra de Ferreyra.