El secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado, Ricardo Arévalo, consideró que es "absurdo" hablar de despedir a empleados públicos por incumplimiento de las medidas del Aislamiento o Distanciamiento Social Obligatorio en el marco de la pandemia del COVID-19, pero si reconoció que aceptaría discutir algún tipo de sanciones. "Debe haber responsabilidades", opinó. El titular de ATE fue consultado por El Ancasti luego del anuncio del Gobierno de que analizarían nuevas medidas sancionatorias y las presentarían a los gremios.
"Habría que ver en qué marco se da la irresponsabilidad, cuál será la garantía del empleado para que no se genera una situación de denuncias cruzadas por cosas que no se puedan comprobar. Igualmente creo que no tiene sentido un despido. Es algo absurdo, se pasa de los límites", opinó Arévalo.
En ese sentido, dijo que sí es discutible una suspensión o medida similar. "Si uno es irresponsable y contagia a los compañeros, alguna consecuencia puede tener, porque responsabilidades tiene que haber, especialmente si no vas a trabajar y te encuentran en una fiesta clandestina, pero de ahí a echar a los empleados públicos por esto me parece que no corresponde. Especialmente cuando ni ellos (por los gobernantes) han sido responsables. ¿Cuántos casos como el del intendente Luis Polti hubo? Si la ley fuera pareja sería otra cosa, pero acá no existe eso", cuestionó, en relación al episodio en el que Polti y un grupo de funcionarios fue detenido luego de ser encontrados pescando en plena cuarentena estricta.
"Creo que amenazar a la sociedad de esta manera es una pérdida de tiempo. Creo que tienen que preocuparse por la pobreza, que se acrecienta cada vez más. No puede ser que quieran distraernos para avasallar nuestros derechos", opinó el gremialista. El fin de semana el Gobierno comunicó que "ante la constante realización de reuniones sociales y otras actividades que pueden representar un peligro epidemiológico" se estudiará el pedido ante Nación para que las personas que no cumplan con el DISPO o el ASPO sean sancionadas con la eliminación del acceso al IFE u otros beneficios sociales nacionales, el despido del personal público, o la eliminación del registro de proveedores del Estado como algunas de las nuevas sanciones que se sumarían a las multas.n
