A través de distintas medidas, el Poder Ejecutivo congeló por 180 días los aumentos en las tarifas de servicios públicos, como luz y gas. También manifestó que no habrá incrementos en el transporte urbano en colectivos y trenes de la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano. De aplicarse, esta política tendrá un costo económico que no bajará de los U$S 1.200 millones ($ 75.000 millones), según estimaciones del sector energético, de economistas y de especialistas en cuentas públicas.
De mantenerse los congelamientos durante el primer semestre de este año, los subsidios podrían trepar a $ 190.000 millones (U$S 3.166 millones).
Para nivelar el gasto, el Poder Ejecutivo dispuso modificaciones en las jubilaciones, alzas de retenciones a las exportaciones agropecuarias y tributos para las compras de dólares y operaciones en divisa. Eso le permitirá compensar, parcialmente, parte del gasto en subsidios a las tarifas.
Durante el primer semestre de 2019, la administración macrista destinó cerca de $ 114.000 millones a subsidios: la mayor parte (más de $ 83.000 millones) fue para energía, mientras que el resto se destinó a Transporte. En febrero se había dispuesto un incremento de tarifas de luz, que fue el último que se aplicó en Buenos Aires y el conurbano. Desde allí, los valores no se actualizan y eso tampoco sucederá hasta mediados de año, según la ley de Emergencia Económica.
En febrero de 2019, con el aumento en las facturas, la tarifa cubría casi dos terceras partes del costo del sistema eléctrico, que es de alrededor de U$S 10.000 millones. Pero, tras las devaluaciones y el primer congelamiento tarifario, hoy las boletas de los consumidores no llegan a compensar un 45% de lo que cuesta el sistema eléctrico.
Por eso, cuando la anterior administración dejó el poder, el gasto de la mayorista CAMMESA escalaba a $ 140.000 millones.
Dos empresas eléctricas calculan que, cada trimestre de retraso implicará una erogación de U$S 500 millones (más de $ 30.000 millones cada uno). Eso es porque las generadoras le seguirán cobrando a las distribuidoras, que son las que llevan el servicio eléctrico a domicilio.
Las distribuidoras pueden incumplir con sus compromisos o que el Estado nacional las auxilie para estar al día y no interrumpir el suministro. En cualquiera de los casos, habrá un costo adicional que no es menor a los U$S 1.000 millones. Es el dinero que antes destinaban los consumidores finales para la electricidad y ahora se hará cargo el Estado o las empresas, según se decida. "De no haber mediado el congelamiento, el precio (de la distribución eléctrica) debería haberse incrementado en mayo de 2019 en un 5% y en agosto un 10,2% adicional. En total, 15,8% desde abril (de 2019)", dice un trabajo específico de la consultora LCG.
En octubre de 2019, estaba prevista la revisión semestral, pero se suspendió por una resolución que postergó todo para el 30 de abril de 2020.
