Ante la tensión constante en distintos municipios del interior, donde el recambio de autoridades generó una ola de despidos de empleados comunales, legisladores del frente Juntos Por el Cambio pidieron que el Gobierno de la provincia "intervenga en forma urgente" para solucionar los conflictos por un camino político. En ese sentido, le solicitaron una reunión al gobernador Raúl Jalil para analizar las distintas posibilidades que existen para ponerle punto final a los reclamos.
Concretamente, los legisladores se refirieron a los casos de Recreo, Valle Viejo y Paclín, que eran comandados por el Frente Cívico y Social-Cambiemos, pero que en base a los resultados de las últimas elecciones pasaron a las filas del Frente de Todos.
En conferencia de prensa, el diputado nacional Rubén Manzi, junto con los diputados provinciales Marita Colombo, Tiago Puente, Alejandra Pons y Natalia Herrera, y el concejal chacarero Javier Espinoza llamaron a que se abra una etapa de diálogo que permita rever las medidas.
En este sentido, cuestionaron que mientras el Gobierno nacional de Alberto Fernández impuso la doble indemnización para frenar despidos en el sector privado, "desde los gobiernos municipales del mismo signo político se están generando alrededor de 400 despidos", lo cual, sostienen, “es una contradicción que no se compadece con la situación social de la provincia”.
“Esto nos preocupa mucho porque la situación social y económica de la provincia es muy delicada. De hecho, el Gobierno nacional lo ha expresado a través de la sanción de nueve emergencias”, señaló Manzi.
“Nos parece contradictorio que, habiendo declarado nueve emergencias, que mientras la legislación impone la doble indemnización para el sector privado, en Catamarca se están dejando varios cientos de personas sin trabajo”, añadió.
Más adelante, afirmó que la situación en la que quedan estas familias es sumamente grave, ya que no hay otro horizonte laboral. “Tomar estas medidas significa agravar la crisis y generar un problema muy grande en esas localidades”, sentenció.
Los legisladores coincidieron en la necesidad de iniciar una etapa de diálogo para lograr una medida que permita superar esta situación. En ese marco, señalaron que se solicitó una audiencia con el Gobernador para que pudiera mediar en el conflicto y arribar a una solución. “Queremos pedirle una actitud de no cerrazón a los intendentes de esas localidades, que no corten el diálogo y que revean las medidas. Que no miren el color político, sino que miren la realidad de la provincia”, afirmaron.
Consultados sobre los planteos de nombramientos y contratos realizados posteriormente a la firma del Pacto Fiscal con el Gobierno nacional, señalaron que “hoy ése es un argumento meramente formal, pero que no responde a la crítica situación social de la provincia”.
Sobre la posibilidad de legislar a futuro para evitar futuras crisis cuando se produzcan cambios de gobierno en el interior, afirmaron que es necesario abordar este problema en forma conjunta con el oficialismo, para arribar a consensos que permitan modificar la realidad laboral en el interior. En ese marco, Colombo destacó que “hoy la realidad nos indica que los trabajadores municipales del interior están precarizados por el propio Estado. Esto es muy grave. Los municipios se han transformado en dadores de empleo público que en la práctica funcionan como un subsidio al desempleo con salarios por debajo de lo que marca la ley. Éste es un tema que hay que abordarlo seriamente”, afirmó.
En ese sentido, destacó que “detrás de cada empleado municipal despedido hay una familia que sufre por la inestabilidad laboral y la falta de horizonte para conseguir un trabajo en el sector privado”.
Por su parte, Puente consideró que la propia Constitución de la Nación "es muy clara y ha subsanado la estabilidad del empleo público". En ese marco, consideró necesario "trabajar en una ley con vastos argumentos para que estas cuestiones no vuelvan a ocurrir cada cuatro años o cuando se produzca una transición".
