Diputados de los bloques de la Cámara de Diputados - Cambiando Juntos y Vamos Juntos- presentaron ayer una denuncia penal en la Fiscalía General en contra del director de OSEP, Julio Cabur, por los medicamentos vencidos que desecha la obra social.
Además, el sindicato que nuclea a los empleados de la Obra Social realizaron otra presentación contra autores desconocidos por dos hechos: el descarte de medicamentos y supuestos hechos de persecución en contra de los dirigentes gremiales.
Los diputados Humberto Valdéz, Genaro Contreras, Luis María Lobo Vergara, Marita Colombo, Víctor Luna y Juana Fernández (bloque Cambiando Juntos) junto a Rubén Manzi y Carlos Marsilli (Vamos Juntos) firmaron la presentación que acercaron los abogados Ezequiel Stern y Mariano Furque.
La polémica se inició la semana pasada cuando circularon fotografías de medicamentos oncológicos y para pacientes trasplantados que iban a ser destruidos porque se habían vencido. El perjuicio se estimó en $ 1.200.000. La noticia generó malestar entre los empleados y los afiliados de la obra social.
La oposición decidió ayer llevar el caso a la Justicia al considerar que Cabur y cualquier otro responsable podrían estar alcanzados por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y administración fraudulenta.
El bloque de legisladores salió al cruce de la justificación que ensayó Cabur, quien había señalado que se trataba de un trámite normal contemplado en la legislación vigente.
"En el rubro de los medicamentos existe un procedimiento estandarizado acerca de que es lo que se debe hacer cuanto alguna droga tiene una fecha de caducidad que esta próxima a cumplirse. En este sentido -como es obvio y el sentido común lo indica-, los laboratorios reciben hasta un mes después de vencido el medicamento, el cual se reembolsa un porcentaje de su precio de adquisición que varía de acuerdo al remedio y al laboratorio", afirman los diputados.
"Se advierte con meridiana claridad y sin dificultad alguna que la decisión de tirar estos costosos medicamentos fue, cuanto menos, irregular y que no se condice en absoluto con las prácticas propias que el manejo de elementos de esta naturaleza requieren", afirman.
Más adelante ponen en duda el criterio de previsibilidad que tiene la obra social al momento de comprar remedios. "La farmacia de una obra social de las dimensiones de la OSEP tiene (o debería tener) un relevamiento serio de cuál es la cantidad de drogas que se necesitan para tratar a sus afiliados y, en función de este, tener disponibilidad mes a mes para entregárselos. Dicho en otras palabras, la compra de drogas debe obedecer a necesidades reales con más una porción, aunque mínima, para posibles contingencias", sugieren en el escrito.
"La obra social estaría derrochando millones de pesos todos los meses por medicamentos que no usa y deja vencer, se estaría llevando a cabo una administración defectuosa que, sin lugar a dudas, lesiona el patrimonio de la obra social", agregan.
Persecución gremial
Por otra parte, el abogado Iván Sarquís en representación del Sindicato de Empleados de Obras Sociales Provinciales (SEOSP) inició otra denuncia contra autores desconocidos por el descarte de medicamentos y supuestas amenazas y persecuciones a los dirigentes gremiales.
"No quiero aventurarme, pero podría existir una mala praxis administrativa", dijo con respecto al descarte de remedios.
La secretaria general del gremio Luz Rondán comentó que recibieron algunos mensajes intimidatorios que los pusieron en alerta.
"Nos advirtieron que vamos a ser perseguidos en el ámbito laboral y personal, que tengamos cuidado", reveló en declaraciones a Radio Ancasti.
"Son maniobras que son para alertar, queremos evitar persecución a la actividad sindical", agregó Sarquís.
Rondán ya había advertido en las redes sociales que las autoridades de la obra social iniciaron una "caza de brujas" para detectar quienes y cómo se tomaron las fotografías que se hicieron públicas.
Las dos presentaciones se iniciaron en la Fiscalía General y deberían ser giradas a la Unidad Fiscal de Delitos contra la Administración Pública, a cargo de Marcelo Sago.
Sin embargo, la fiscalía tendrá poco tiempo de actuación, ya que Sago ganó el concurso para juez de Control de Garantías.
Por ahora, la Corte no resolvió como ocupará esa vacante.
