El ministro de la Corte de Justicia, José Ricardo Cáceres, presentó ayer un amparo por omisión en contra la Cámara de Diputados con el objeto de solicitar que dentro de un plazo breve y razonable se resuelva sobre la continuación o no del trámite de juicio político iniciado en su contra a partir del pedido formulado por el abogado Eduardo Andrada. Luego amplió la presentación y afirma que la morosidad de la Cámara de Diputados podría estar determinada por un ilícito que se habría producido en la Cámara baja y relacionado con la pérdida de documentación en el expediente.
Al fundamentar la presentación Cáceres señala: "La conducta de la Cámara de Diputados, tendiente a no tratar o demorar el proceso de destitución del suscripto, no solo vulnera interés legítimo personal - en cuanto me asiste el derecho a que el juicio sea tratado en un plazo razonable sino que además están en juego las instituciones, el debido proceso legal, la independencia del Poder Judicial y el interés de la sociedad que percibe que un juez que debe decidir en última instancia se encuentra comprometido con un juicio en su contra que ya lleva un año de iniciado y con agenda mediática permanente en los medios de comunicación".
Cáceres asevera que resulta necesario que la Corte de Justicia ponga fin a la indefinición de la Cámara de Diputados a través de una resolución que la intime a cesar en su conducta omisiva para que en un plazo razonable vote si aprueba o no la continuidad del juicio político.
En la ampliación de fundamentos, el miembro de la Corte de Justicia advirtió que la defensa que se presentó el 24 de octubre de 2018 nunca fue incorporada al expediente. Sostiene este punto a partir del dictamen que emitió el bloque oficialista de la Cámara baja que expresa que " ninguno de los denunciados ( Cáceres y Amelia Sesto de Leiva) ha efectuado presentación alguna que debiera ser objeto de análisis por esta Comisión al momento de resolver sobre la cuestión".
Conforme a la documentación que adjunta el magistrado, el 18 de octubre de 2018 recibió la comunicación de la resolución que declara la admisibilidad de la denuncia que había sido presentada por el abogado Eduardo Andrada, con el objeto de que tome vista de las actuaciones y ejerza la defensa dentro del término de 10 días hábiles. Cáceres envió su posición por escrito el 24 de octubre de 2018, es decir, antes de que venciera el plazo.
"Creo que una de las causas de la morosidad es la de intentar ocultar transgresión que puede configurar un ilícito y como tal delito no forma parte de la presente acción, me reservo el derecho de realizar las presentaciones judiciales que correspondieran", sostiene el escrito.
Jurisprudencia Más adelante aclara que la Constitución Nacional recepta el amparo por omisión, implícitamente, mientras que la Carta Magna provincial lo hace de manera explícita.
Para resolver el amparo se deberá constituir un tribunal especial, ya que no podrán actuar ni Cáceres, ni Sesto de Leiva. Pero además el magistrado recusó con causa a Vilma Molina, hermana del diputado Manuel Isauro Molina.
"Se encuentra comprometido en la formación de la voluntad de la Cámara de Diputados, ya que en las dos sesiones de este año votó en contra de que el tema sea tratado", afirmó.
Tras un extenso análisis aclara que no solicita la nulidad de ninguna resolución ni que se declare la caducidad de lo actuado por la Cámara de Diputados sino que ejerza su deber de juzgar.
Hechos
El 1º de agosto de 2018, Eduardo Andrada inició el pedido de juicio político contra José Cáceres y Amelia Sesto por la presunta violación de los artículos 168 y 195 de la Constitución Provincial.
Según la presentación, se trata de la prohibición expresa a los jubilados y pensionados de cualquier caja de ocupar cargos en la Administración Provincial.
El 18 de diciembre de 2018 la Comisión de Asuntos Constitucionales emitió tres dictámenes. Uno por la mayoría (el oficialismo) que recomendaba iniciar el juicio político. Otros dos de la oposición que se pronunciaba en contra.
El 20 de diciembre de 2018 los diputados de la oposición solicitaron una sesión especial para tratar el tema. La solicitud fue rechazada por un decreto de presidencia que argumentó que "las sesiones especiales no son un tipo de sesión que pueda darse fuera del período de sesiones ordinarias o extraordinarias".
Abierto el período de sesiones ordinarias, diputados de la minoría pidieron el tratamiento del juicio político en dos oportunidades: sesión del 15 de mayo y del 5 de junio, mociones que fueron rechazadas por la mayoría. "He aquí la prueba del actuar insidioso y de mala fe para entorpecer el proceso", expresó Cáceres.
