3 de agosto de 2019 - 02:00
La justicia postergaría una vez más los debates por dos causas históricas en la provincia, que llevan años sin resolverse. Se trata del “megafraude” de las fundaciones y la causa de las compras directas.
Nueva postergación para dos juicios por casos de corrupción
En las últimas horas, se presentó un escrito en la secretaría de la Cámara Penal Nº 1, que está bajo la presidencia del doctor Fernando Esteban, en la que uno de sus integrantes, Jorge Álvarez Morales, presentó la dimisión para integrar dicho tribunal por problemas de salud y por una supuesta amistad que tendría con alguno de los imputados. Estaba previsto el inicio del debate por esta causa para el próximos martes.
En tal sentido, el presidente deberá convocar nuevamente a un juez subrogante para que integre el Tribunal. Esto hace prever que el juicio en la causa del “megafraude” se va a suspender, otra vez.
Al mismo tiempo, la causa de las compras directas, que tiene como imputados entre otros al ex ministro de Salud, Pablo Doro, y al exsubsecretario de Acción Social, Víctor Brandán, también sufriría postergación. Esto debido a que se giraron los pliegos para que el fiscal Miguel Mauvecín pueda cubrir la subrogancia del fallecido Rubén Carrizo.
El pasado 25 de junio la Cámara Penal de Tercera Nominación hizo lugar a un pedido planteado por el abogado del gremialista Brandán, Pedro Vélez, para suspender el debate por las compras directas, por un problema de salud del defensor.
La Cámara debía reprogramar la fecha, pero habrá ahora una nueva demora.
Megafraude
La denuncia por el “megafraude” de las fundaciones se realizó en 2004 a partir de una publicación de El Ancasti y recién en abril de 2016 fue elevaba a la Cámara Penal Nº1 para que vaya a juicio.
En esta causa se investiga la responsabilidad de exfuncionarios del Gobierno de Brizuela del Moral, empleados del Estado y empresarios por la contratación de cursos de capacitación que no se realizaban o se concretaban sin el número de asistentes declarado, y por los que se pagaban abultadas sumas de dinero.
Son 10 los imputados por el delito de fraude en perjuicio de la Administración Pública, con distintos grados de participación.
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