En la última sesión de la Cámara de Diputados, legisladores del FCS-Cambiemos cargaron contra las autoridades de la Comisión de Asuntos Constitucionales por no querer entregarles documentación vinculada al expediente que solicita el Juicio Político a los miembros de la Corte, Ricardo Cáceres y Amelia Sesto de Leiva.
En ese marco, el presidente del bloque FCS-Cambiemos "Vamos Juntos", Francisco Monti, pidió una cuestión de privilegio contra el presidente de la Comisión, Horacio Sierralta.
Para justificar su pedido, Monti recordó un pedido de Cáceres (publicado en El Ancasti) a la Cámara para que se resuelva su situación, advirtiendo que no se incorporó una prueba que envió a la Comisión en el marco del estudio del juicio político. Monti indicó que siendo miembro de la Comisión le pidió el expediente a Sierralta tanto en forma verbal como escrita para interiorizarse del planteo de Cáceres, pero que su par se la negó por no argumentar los motivos por los que pide el expediente.
"Resulta ser que los legisladores no podemos ver un expediente para corroborar si lo que se dijo públicamente es así", dijo.
La presidenta del bloque del Frente Justicialista para la Victoria, Cecilia Guerrero, cuestionó el planteo de Monti y afirmó que los miembros de la comisión actuaron “con responsabilidad y buena fe” y que "si hubo algo fuera del análisis de la comisión no fue causado por los legisladores de la comisión".
"Acá parece que hubo una mano negligente", dijo Guerrero a lo que añadió que pidió informes a la Secretaría Parlamentaria para conocer esta situación y que se le informó que la empleada que recibió el planteo de Cáceres no entregó la documentación a la comisión. De igual forma, señaló que lo enviado por Cáceres fue analizado por la Comisión antes de la emisión de los dictámenes.
Aun así, pidió que la Dirección de Sumarios investigue la situación y aplique sanciones si corresponden.
El planteo de Monti fue puesto a consideración del cuerpo y fue rechazado por la mayoría del oficialismo.
No obstante, Monti hizo la salvedad de que Guerrero pide informes que son respondidos pero los que realiza él y otros legisladores no.
