El miércoles pasado, la Corte de Justicia, por unanimidad, declaró la procedencia formal de la acción de amparo por mora de la administración que había sido solicitada por diputados del FCS- Cambiemos cuando requirieron información por las licitaciones públicas para la adquisición de útiles escolares y guardapolvos que se entregaron en el presente ciclo lectivo. La Corte le fijó el término perentorio de cinco días para que presente informe sobre los antecedentes del caso y la causa de la demora en responder.
La presentación había sido realizada en mayo por los diputados Genaro Contreras, Juana Fernández, Luis Lobo Vergara y Humberto Valdéz. En los últimos días de febrero el Ministerio de Educación publicó los resultados de las licitaciones. Distribuidora Domino, de la sucesión de Luis Jaime Kotler, fue la ganadora y le vendió al Estado kits escolares por $54.950.100. Además se quedó con dos de los seis ítems de la licitación por guardapolvos escolares y venderá por $1.794.000.
El 1º de marzo los diputados del bloque “ Cambiando Juntos” elevaron una nota al ministro de Educación, Daniel Gutierrez, para que informe sobre las licitaciones públicas . En ese marco, los legisladores establecían un plazo de 30 días para que el ministro responda a la requisitoria. El funcionario debía enviar la información adjuntando copias certificadas de toda la documentación que se solicita.
Entre los puntos pedidos de los diputados estaba: Copia del presupuesto oficial; copia de los formularios de ofertas; copia del pliego de condiciones generales y particulares para cada proceso licitatorio y especificaciones técnicas correspondientes a las licitaciones; nómina de establecimientos educativos beneficiados detallando la matrícula de alumnos por institución; contrato suscripto entre las empresas elegidas y el Ministerio.
Al no haber obtenido respuesta el 10 de abril se reiteró el pedido mediante nota. Los legisladores argumentaban que se vencieron los plazos establecidos en la ley Nº 5336, de acceso a la información pública que establece que el Estado tiene la obligación proveerla en un plazo no mayor a 30 días hábiles. Además, indican que tampoco se recibió una solicitud de prórroga para la entrega de la documentación solicitada.
Recordaban que la Corte de Justicia ya hizo lugar a la acción de amparo por mora en la administración cuando se reclamó información por CAMYEN S.E. La sentencia definitiva fue del 20 de abril de 2016 y la empresa debió presentar la información que se le solicitaba.
Los legisladores argumentaron que la acción judicial se presentó bajo el amparo del derecho de acceso a la información pública, "el cual es la consecuencia del principio administrativo de transparencia de la Administración, de la regla republicana de la publicidad de los actos de Gobierno y se sustenta además en el derecho de participación de los ciudadanos en la vida pública".
En esta oportunidad la Corte de Justicia integrada por José Ricardo Cáceres, Amelia Sesto de Leiva, Luis Raúl Cippitelli, Miguel Figueroa Vicario y Vilma Molina resolvió por unanimidad. La Corte consideró que se encuentra acreditado el presupuesto de admisibilidad de la acción, ya que hubo una situación objetiva de demora administrativa en pronunciarse.
