Diputados del FCS-Cambiemos presentaron un exhaustivo pedido de informes a la Secretaría de Seguridad, que conduce Marcos Denett, en el que requieren detalles de los casos dudosos en los que se vio envuelta el área, entre ellos el del desplazado jefe de la Dirección de Drogas Peligrosas, Daniel Ponce, investigado por la Justicia Federal por su proceder.
Los legisladores de la oposición quieren que Seguridad informe sobre "el desempeño del comisario mayor Daniel Ponce en relación con las irregularidades manifestadas por el policía Guillermo Alejandro Vega y del sumario iniciado a partir de esto en torno a la División de Drogas Peligrosas, aportando todos los datos en referencia a la investigación que al respecto se haya realizado".
- El ataque sufrido por el comisario Javier del Valle Varela luego de denunciar penalmente al Secretario de Seguridad y a la cúpula policial por irregularidades en la compra de insumos.
- El sistema tecnológico Excalibur, su adquisición, aplicación y puesta en funcionamiento en órbita de la Secretaría de Seguridad Democrática.
- El destino de las prendas de vestir secuestradas en la ciudad de Recreo, La Paz, en mayo de 2017, que luego desaparecieron en el ámbito de la Comisaría de la misma ciudad.
- La nómina detallada de los vehículos en uso y en desuso por los cuales se paga el seguro automotor, cuál es la empresa que provee ese servicio y cuál es el gasto anual en dicho concepto.
- Las investigaciones a que están sometidos los agentes dependientes de la Secretaría de Seguridad Democrática en su actuación en hechos ilícitos como autores o coautores, enumeración de los dependientes y causas por las cuales se están llevando a cabo los sumarios correspondientes.
- La tarea de inteligencia llevada adelante por la Secretaría de Seguridad Democrática en las redes sociales, estableciendo cuáles son los métodos utilizados y el fin propuesto.
- La causa y multiplicación de diferentes tipos de accidentes provocados por la presencia de animales en las rutas de la provincia y cuáles son las medidas adoptadas para evitar estas situaciones.
- La nómina completa de los vehículos que comprenden el parque automotor de la Secretaría de Seguridad Democrática y sus dependencias. Detalle y clasificación por marca, modelo y patente identificadora.
- La compra de indumentaria para el personal del servicio penitenciario de la provincia de 2018 y 2019, adjuntando la documentación que respalde los procesos licitatorios, concursos de precios o cualquier otra forma jurídica por la cual se hayan llevado a cabo tales operaciones.
- La utilización de los recursos materiales y humanos de la Policía de la Provincia para llevar a cabo un polémico censo que, entre otras cosas, indagaba sobre datos delicados de la ciudadanía inherentes a sus inclinaciones partidarias.
- Estado actual de las investigaciones sobre narcotráfico, haciendo un análisis comparativo con respecto al gran avance y proliferación de esas sustancias en la provincia.
- Causas que derivaron en la alta tasa de homicidios en nuestra provincia en el año 2019, en comparación con otros períodos. En los fundamentos de la iniciativa, los diputados recuerdan que "existen innumerables denuncias respecto a las actividades que realiza la Secretaría de Seguridad Democrática por intermedio de los mismos funcionarios y agentes que componen esta dependencia".
"Tampoco hay que ser ajenos a la opinión más que relevante de la comunidad, quien es la principal destinataria del servicio de seguridad y, en este contexto, no puede escapar a nuestros sentidos la disconformidad generalizada de estos con lo que acontece en la Policía de la Provincia" opinan.
La arremetida parlamentaria opositora, que ingresó ayer, se produce mientras la Justicia Federal investiga la conducta del ahora ex jefe de la Dirección de Drogas Peligrosas, Daniel Ponce, en cuyo celular se descubrieron mensajes de whatsapp en los que encomendaba a un policía procesado en una causa de tráfico de estupefacientes trasladarse el norte para traer "sustancia" (ver página 2). La Justicia Federal desconocía este supuesto procedimiento de inteligencia de Ponce.
La oposición presentó el pedido de informes "ante la gran cantidad de hechos de violencia que proliferan en nuestra sociedad catamarqueña y la presunta pero muy probable lesión de normas constitucionales, nacionales y provinciales en un ámbito tan importante y delicado como lo es en la seguridad de la Provincia. No es posible no detenernos a evaluar cuál es el eje de esta problemática, cuando quienes están encargados de brindarnos protección son los mismos que estarían vulnerando derechos".