El Tribunal de Cuentas volvió a realizar observaciones en compras y contrataciones realizadas por el polémico intendente de Bañado de Ovanta, Elpidio Guaraz. Esta vez, por la contratación irregular de tareas de desmalezado y limpieza de calles a través de un kiosco y lo intimó a la devolución de $337.300.
Los expedientes corresponden a las auditorías de las rendiciones de 2013 y se trata de bienes y servicios adquiridos a través del Fondo Federal Solidario. La resolución, que se conoció recientemente, señala las contrataciones de varios servicios en forma irregular, las cuales carecen de documentación como contratos, facturas conformadas de forma irregular e inconsistencia sobre los montos, pero sin dudas lo más llamativo es que estos servicios fueron prestados por un “kiosco” que sería propiedad de un familiar.
Una de las resoluciones que se difundieron observa que los gastos rendidos fueron ejecutados con fondos específicos del Fondo Federal Solidario, “no habiéndose presentado ningún proyecto para ser financiados con dicho fondo, de acuerdo a lo manifestado por el Dr. Pablo Carlos Názar, Director Provincial de Fortalecimiento Institucional – Subsecretaría de Asuntos Municipales- en nota que consta a fojas 550/551 de la documentación agregada a la cuenta”, señala el instrumento que fue remitido al Concejo Deliberante de Santa Rosa. También indica que “no consta certificación de servicios autorizados por el secretario de Obras Públicas”.
En el instrumento se indica igualmente que “se sugiere la reformulación de reparo por $80.000 por no cumplir con lo establecido en los artículos 1° y 2° de la Resolución Ministerial G.J. N° 157/09 y lo dispuesto en el Artículo 34° de la acordada T.C. N° 2150/94 y artículos 28° y 139° del Código de Procedimiento Administrativo”.
El expediente señalado indica que Guaraz realizó la contratación del desmalezamiento de caminos vecinales en agosto de 2013; la limpieza de 2.000 metros de camino de la Higuerita Cortaderas en octubre del mismo año y 1.000 metros de desmalezado en un camino vecinal en diciembre de ese año, servicios que fueron prestados por el comercio MERY de la localidad de Bañado de Ovanta, por la suma total de $80.000.
Los llamativos gastos se dieron en el comercio “MERY”, propiedad de María Esther Gramajo -según indica la resolución-, quien, según confirmó el concejal Mario Páez (PJ), es sobrina de Guaraz.
Pero los servicios brindados por el comercio sucedieron en varias oportunidades.
Otra llamativa contratación fue realizada el 1 de agosto de 2013 y corresponde el servicio de desmalezado de calles de Bañado de Ovanta por la suma de $17.000; el 20 de agosto del mismo año se realizó la compra al mismo comercio de 300 bolsones de alimentos, por la suma de $36.000; al mes siguiente, el 19 de septiembre, se realizó otra compra de 200 bolsones y 80 colchones de una plaza por la suma de $49.600. Los servicios del comercio siguieron el 16 de octubre con otros 200 bolsones de mercadería, esta vez por la suma de $40.000; el 24 de octubre se compraron 300 bolsones de mercadería, 200 bolsones de mercadería chicos y 25 colchones, por la suma de $45.000, según detalla la documentación oficial. Todos aquellos servicios brindados entre agosto y octubre generaron el pago de $187.600 por parte del municipio.
La auditoría realizada por el Tribunal de Cuentas indica que “no se adjuntan contratos que vinculen al municipio con los prestadores de servicios o proveedores enunciados en los cuadros precedentes; no se adjuntan proyectos de acuerdo al concepto descripto en el comprobante de gasto; los expedientes de gastos se encuentran incompletos, ya que no obra certificación de servicios, recepción de bienes adquiridos ni resolución que autorice el gasto; no existe correlación entre el número de factura y la fecha de emisión del mismo”.
La resolución finaliza que “por todo lo expuesto y al no contar con los elementos de juicio alternativos que prueben la legalidad y legitimidad de los egresos rendidos se sugiere la formulación de reparo por $257.300”.
Entre ambos expedientes, el Tribunal de Cuentas solicitó al jefe comunal el reintegro de $337.300.
Por otra parte, fuentes consultadas señalaron a EL ANCASTI que los bolsones y los colchones en cuestión nunca fueron entregados.
Además de “los errores” administrativos, se suma la llamativa provisión por parte de un kiosco, que no solo proveyó de alimentos y colchones, sino también de servicio de desmalezado.
Pero a estas observaciones se suma que recientemente el jefe comunal santarroseño incorporó como personal de planta a un familiar directo del proveedor cuestionado, lo que encendió nuevamente la polémica en Bañado de Ovanta.
El concejal Páez cuestionó duramente la situación por las irregularidades cometidas y que una vez más ponen en el centro de las miradas al intendente, con quien mantiene un fuerte enfrentamiento.
Antecedentes que sobran
El jefe comunal acumula una importante cantidad de resoluciones del TC desfavorables por gastos irregulares durante su gestión de gobierno municipal. Ahora aspira a alcanzar un cuarto mandato.
A principios de este mes, el TC emitió una acordada por la que aprobó de forma parcial una rendición de cuentas del segundo semestre de 2013 y le ordenó al intendente Guaraz y al ex secretario de Obras Públicas el reintegro de $1.077.362.
La suma corresponde a gastos que no fueron debidamente justificados, donde también se detectaron facturas apócrifas.
En aquel momento las observaciones fueron realizadas a compras realizadas en una librería, un hotel de la provincia de Tucumán y una estación de servicio de esa misma provincia.
Un intendente siempre polémico
Además, la administración de Guaraz suma más polémicas.
-Una de ellas es el cobro de peaje en rutas nacionales y provinciales, que acumula al menos dos denuncias por parte de Vialidad Nacional.
Las denuncias por las cuales ya se requirió la presencia de Guaraz en la Justicia Federal obedecen al uso de rutas nacionales para el cobro de una “tasa municipal”, destinada a la circulación de maquinaria agrícola.
-Asimismo, este polémico peaje sumó un hecho lamentable recientemente, cuando un camionero oriundo de la provincia de Córdoba que se negó a pagar el peaje fue agredido por personal municipal.
El hecho fue un escándalo y tomó trascendencia nacional. Rubén Sastre, el camionero que terminó con una pedrada en la cabeza, radicó la denuncia. Un empleado municipal fue detenido por la agresión.
-En 2018 Guaraz fue denunciado por el pago $1.500.000 por cloacas y desagües no ejecutados.