El diputado provincial Francisco Monti (FCS-Cambiemos “Vamos Juntos”), expresó su sorpresa por la decisión de la Justicia Federal de declararse incompetente para entender en la causa por supuestas irregularidades en Valle Chico. En ese marco, cuestionó la demora de la Justicia Federal para tomar únicamente esta decisión, además de plantear que le cuesta creer que la Justicia provincial pueda avanzar en esta investigación teniendo en cuenta que en la causa intervienen organismos y partidas nacionales.
La denuncia había sido iniciada por Monti en contra de funcionarios del IPV por supuestas irregularidades en la inversión de fondos para Valle Chico. La presentación se inició a partir de un informe que había sido elaborado por la Unidad de Auditoría de Obras Públicas del Tribunal de Cuentas.
El principal argumento de la Justicia Federal para desvincularse de la causa fue que se trata de fondos que salieron de la jurisdicción nacional y, por lo tanto, los afectados serían el Estado provincial y los beneficiarios de esas partidas. En diálogo con la prensa, el diputado cuestionó la decisión de la Justicia Federal al relatar que antes de presentar esta denuncia se analizó si correspondía presentarlo en la Justicia Federal o provincial. "En este caso estaba bastante claro que a la Justicia Federal le correspondía que se avoque a esta investigación", dijo.
"Incluso después de presentar la denuncia presenté una jurisprudencia de la Cámara Federal de Tucumán que es la instancia de alzada del Juzgado de Catamarca y también un informe de la Sindicatura General de la Nación relacionado al trámite de esta auditoría (la den Tribunal de Cuentas que dio origen a la denuncia). Lo que muestra con total claridad que hay un organismo nacional que estuvo auditando este trabajo en equipo con el Tribunal de Cuentas en el marco de la Red Federal de Control Público", dijo.
El legislador también advirtió que en el marco de la causa y a pesar de haberlo pedido, no se le concedió asumir el rol de querellante particular para poder aportar más elementos y tener un control directo de cómo avanzaba el proceso. "De cualquier manera y más allá de la competencia, la cuestión de fondo es muy grave y a quien le corresponda investigar esperamos que lo haga con la mayor celeridad posible porque hay medidas de pruebas que son necesarias para poder esclarecer los hechos", manifestó. Posteriormente, comparó la rapidez del TC para determinar de dónde había salido la auditoría con lo que el diputado hizo la denuncia con la demora en la justicia para solamente definir la competencia. "La denuncia se realizó el 29 de abril, el sumario del Tribunal se inició el 3 de mayo y la Justicia demoró casi tres meses para solamente definir la competencia. Acá surge con claridad que en esta provincia perseguir hechos de corrupción no son prioridad", advirtió.
"Era muy difícil que exista una denuncia con el nivel de pruebas que se presentó. Evidentemente esta causa toca a gente muy cercana al poder", lanzó.
Finalmente y en cuanto al futuro de la denuncia en el ámbito provincial, el diputado afirmó que descree que pueda avanzar. "Me cuesta creer que la Justicia provincial se avoque a esta causa y no la envíe nuevamente a la Justicia Federal", consideró.
Además, advirtió que la Fiscalía de Delitos contra la Administración, donde deberá recaer la causa, se encuentra en un proceso de cambio teniendo en cuenta que el actual fiscal, Marcelo Sago, fue designado como titular del Juzgado de Control de Garantías n°4. "No sabemos quién será quien lo reemplazará", sostuvo.
La decisión de la Justicia Federal de declararse incompetente surge luego que el fiscal federal Santos Reynoso planteó la incompetencia para entender en la causa y argumentando que “no se investiga la defraudación a la Nación y que el perjuicio ocasionado es tanto a quienes estaban destinadas esas viviendas como al Estado provincial”.
Reynoso aludió al “carácter de no reintegrable de los fondos entregados en el marco del programa Techo Digno por la Nación a la Provincia, indicando que el sujeto pasivo de la defraudación sería el Estado provincial”.
El funcionario judicial consideró que la alteración del destino de los fondos, el sobreprecio o falta de ejecución de las obras” no representa un perjuicio patrimonial del Estado Nacional por recursos que ya habían sido desafectados de sus cuentas.n
