Denuncia iniciada por el diputado monti

Valle Chico: la Justicia federal se declaró incompetente

El juez federal Contreras consideró que no hay un daño al patrimonio de Nación. Giró la causa para que investigue la Justicia provincial.
lunes, 15 de julio de 2019 · 04:03

El juez federal, Miguel Ángel Contreras, declaró la incompetencia del Juzgado Federal para entender en la causa por supuestas irregularidades en Valle Chico. De esta forma resolvió declinar la competencia en la Justicia provincial y ordenar que se remitan las actuaciones a la Fiscalía General de la provincia. El principal argumento es que se trata de fondos que salieron de la jurisdicción nacional y, por lo tanto, los afectados serían el Estado provincial y los beneficiarios de esas partidas.


En ámbitos políticos llamó la atención esta posición de la Justicia Federal, ya que antes, por ejemplo, juzgó al exintendente de Antofagasta de la Sierra, Carlos Fabián, por el desvío de fondos nacionales que debían destinarse a obras en su departamento. 
La denuncia había sido iniciada por el diputado Francisco Monti (Vamos Juntos -FCS Cambiemos) en contra de funcionarios del IPV por supuestas irregularidades en la inversión de fondos para Valle Chico. La presentación se inició a partir de un informe que había sido elaborado por la Unidad de Auditoría de Obras Públicas del Tribunal de Cuentas. 

En el expediente el Fiscal Federal Santos Reynoso planteó la incompetencia para entender en la causa y argumentó que “no se investiga la defraudación a la Nación y que el perjuicio ocasionado es tanto a quienes estaban destinadas esas viviendas como al Estado provincial”. 

Reynoso aludió al “carácter de no reintegrable de los fondos entregados en el marco del programa Techo Digno por la Nación a la Provincia, indicando que el sujeto pasivo de la defraudación sería el Estado provincial”. 

El funcionario judicial consideró que la alteración del destino de los fondos, el sobreprecio o falta de ejecución de las obras” no representa un perjuicio patrimonial del Estado Nacional por recursos que ya habían sido desafectados de sus cuentas. 

En el mismo sentido se pronunció el juez federal Contreras: “Concuerdo con el criterio que se sustenta, considero que en la presente causa no se investiga una defraudación a la Nación y que el perjuicio ocasionado, en caso de comprobarse su existencia, es tanto a quienes estaban destinadas esas viviendas como al Estado provincial”, fundamentó. 

“La entrega de sumas de dinero proveniente de subsidios o planes de la Nación implican transferencia de dominio sobre ella, es por ello que el hecho no habría afectado las rentas de la Nación", sostiene el magistrado.  Luego añade que "la existencia de un perjuicio efectivo a las Rentas de la Nación tampoco basta, por sí sola, para justificar la competencia federal mientras el hecho, por su naturaleza, no afecte efectiva y directamente el patrimonio nacional o alguna de sus reparticiones". 

"Entendemos que si bien el origen de los fondos es nacional, estos se encuentran provincializados e incluidos en el presupuesto anual de la provincia, incorporándose al patrimonio provincial e integrados al patrimonio del Instituto Provincial de la Vivienda".
 
La denuncia 

El lunes 29 de abril el diputado Monti se presentó a la Fiscalía Federal para denunciar la posible comisión del delito de fraude en perjuicio de la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público en ámbitos del Instituto Provincial de la Vivienda, a cargo de Dante López Rodríguez.

La denuncia se resume en presuntos sobreprecios, obras contratadas y no ejecutadas por parte de la contratista, vicios en la ejecución de obras, desdoblamiento de obras, omisión de cumplimientos de procedimientos de contratación en violación a las normativas vigentes.

El daño económico alcanzaría los $55.487.795, estable la auditoría. “Ajustado por precio dólar a la fecha de hoy, el monto del daño económico hay que estimarlo en $266.244.572, tomando el cambio oficial”, agregó el legislador.

El desarrollo de la investigación tiene particular importancia política para el Gobierno. Valle Chico es uno de los proyectos urbanos más emblemáticos de la actual gestión.

Ahora deberá investigar la Justicia provincial justo que quedó vacante la Unidad Fiscal de Delitos contra la Administración Pública, ya que el fiscal Marcelo Sago asumirá como juez de Control de Garantías.n 

Otras Noticias