un ex empleado declaró como testigo por la obra inconclusa desde 2011

Cuestionan falta de avance de una causa contra Jalile por supuesto fraude

Carlos Ibarra dio detalles sobre cómo se desarrolló el proyecto y adelantó que se presentará como querellante.
viernes, 12 de julio de 2019 · 04:08

El intendente de Valle Viejo, Gustavo Roque Jalile, volvió a quedar envuelto en otra polémica. Un empleado cesanteado denunció públicamente un complejo entramado sobre una obra inconclusa que data de 2011 y que ya fue denunciada por fraude, cuya causa tiene al municipio que conduce como único querellante. 

La obra en cuestión fue iniciada mediante un proyecto a ejecutar con Fondos de Regalías Mineras (Ley 5.128) y se denominaba “Proyecto de incorporación de nuevas tecnologías de la información y comunicación. Valle Viejo Digital”.
En 2015 la ex intendenta Natalia Soria denunció penalmente al actual mandatario municipal, pero tras su salida, hoy la actual gestión es la que quedó como única querellante en la causa.

El proyecto consistía en la incorporación de un sistema de nuevas tecnologías, que incluía la elaboración de una red de fibra óptica con nodos para brindar servicio de wi-fi gratuito para espacios públicos del departamento y escuelas. También brindaría un sistema de vigilancia con cámaras de seguridad, pero que hoy no funcionan.

El empleado Carlos Ibarra denunció públicamente que la causa no avanzó y advirtió que ampliará esta denuncia para constituirse en querellante. Mientras -en este proceso-, hace un mes atrás se presentó espontáneamente a declarar en calidad de testigo. Según sus dichos, Ibarra se encontraba al frente del proyecto mientras era empleado municipal activo, así fue que según indicó corroboró irregularidades, las que ya fueron aportadas a la causa. “La obra tenía problemas de justificación para ser ejecutados con los fondos de Regalías Mineras, por lo que se tuvieron que plantear reformulaciones, con la intencionalidad de evadir una convocatoria pública y dirigir la propuesta hacia un solo oferente”, dijo. “Logramos que se reformule y se autorice al municipio a ejecutar el proyecto. El proyecto es muy bueno, con una visión a futuro, pero el problema estuvo en la ejecución”, remarcó tras indicar que todo esto fue por pedido del intendente.

“Cuando se ejecutó el proyecto la primera sorpresa fue que no se debía llamar a licitación pública. Me dijeron que tenían un compromiso con el proveedor y que el proyecto debía dividirse en 15 partes, que no excedan el monto para la contratación directa. Tuvimos que desglosar el proyecto para armar cada uno de los pedidos de elementos”, relató.

También mencionó que el proveedor (una empresa local) recibió “cheques con fecha anterior al expediente y esto consta en la causa”, dijo. “En la misma causa está comprobado que no se entregó la totalidad del material que estaba acordado. En vez de entregar la fibra óptica entregaron unas antenas inalámbricas para conectar la torre principal con las cámaras de seguridad. Lo hicieron funcionar para la tribuna y después no funcionó nunca más. No entregaron las 10 cámaras, no entregaron la fibra óptica”, señaló. 

Denuncia penal contra 4 funcionarios

La ex intendenta Natalia Soria en 2015 hizo una denuncia ante Fiscalía por esta obra, por “delito contra la administración pública municipal; malversación de caudales públicos artículos 260 y 265 del Código Penal e incumplimiento de los deberes de funcionario público, contra cuatro funcionarios municipales encabezados por el intendente Gustavo Jalile y el actual secretario de Obras Públicas Carlos Bustamante, el director de Licitación y Compras y la Secretaría de Hacienda”, dijo. Ibarra cuestionó que el municipio quedó como único querellante en la causa y "es preocupante que hoy los actores involucrados ocupan cargos públicos y tienen en sus manos obras millonarias como el asfaltado del municipio".

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