El cierre de la metalúrgica FINPAK ocasionó otro cimbronazo en la industria catamarqueña y sumó un nuevo capítulo en las decisiones empresariales que terminaron en rechazo a la política local de asistencia para paliar la crisis de la industria.
El subsecretario de Trabajo, Raúl Aguirre, cuestionó duramente el proceder de la firma, que cerró sus puertas definitivamente este miércoles sin aviso.
Aguirre aseguró que la firma "le faltó el respeto a los trabajadores y utilizó a los organismos de contralor", porque accedió a la homologación de un acuerdo que pretendía la suspensión por 45 días para afrontar el estancamiento de la producción y las bajas ventas, pero en ese lapso dio el portazo y se fue.
“Es lamentable y triste que los empleadores se manejen de la forma en que lo están haciendo. Los trabajadores en vías de salvaguardar sus fuentes de trabajo accedieron a una suspensión. Utilizaron incluso al organismo laboral (por la DIL) para que ese acuerdo se homologue”, cuestionó.
Aseguró además que "la decisión que tomó fue inconsulta, ni siquiera tuvo respeto por las partes. Ni por los organismos de contralor, ni por los trabajadores, que dieron su vida en esa fábrica”, dijo.
Cuestionó que ya son varias las empresas que utilizan esta metodología. “Sacan afuera a los trabajadores con suspensiones o vacaciones y después toman estas decisiones”, dijo tras recordar los antecedentes de 12 de Octubre.
Si bien la empresa venía mostrando problemas producto de la crisis que afronta el país y se temía ese desenlace, actuó en silencio y rechazó el apoyo oficial para subsidiar el pago porcentual de los salarios y acceder a los REPRO. “A la empresa nunca le interesó este ofrecimiento porque ya tenía la decisión de cerrar la planta”, dijo Aguirre.
La decisión se dio mientras permanecía en vigencia el acuerdo de suspensión, que culminaba el próximo 3 de julio.
Se espera que en los próximos días se evalúe si la empresa cumplió efectivamente con la liquidación total de las indemnizaciones y se avanza con la gestión para que los trabajadores puedan acceder a un fondo de desempleo ampliado y otras herramientas para contener la situación.
El ministro de Producción, Daniel Zelarayán, manifestó su sorpresa por lo sucedido y la forma en que se dio el cierre. Se mostró sorprendido porque las indemnizaciones se efectuaron pese a que los operarios no recibieron aún la notificación formal del cese de la actividad.
"Al problema lo tenemos nosotros los catamarqueños, con 27 familias que quedan en la calle aunque tengan su indemnización", se lamentó el funcionario.
