El diputado Francisco Monti elevó al juez federal Miguel Ángel Contreras el informe que le remitió la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) a partir de un pedido de informes que inició por la auditoría que el Tribunal de Cuentas realizó en Valle Chico. Una primera lectura del informe que tiene la SIGEN demuestra que no fueron elevadas todas las irregularidades que fueron detalladas en la auditoría original, ya que el informe fue elevado por el presidente del TC, Mardonio Díaz Martínez, y el vocal Hugo Argerich. Aun así se mantienen algunas observaciones. Así, por ejemplo, las autoridades del TC sostenían en diciembre de 2017 que el IPV "efectuó addendas a los contratos de obra, modificando los montos de los contratos originales. Ello no se ajusta a lo establecido en los pliegos de obra, ni en las normas legales vigentes para la obra pública". En ese punto anticipaban que solicitarían un dictamen legal.
El 13 de mayo el legislador le solicitó a la SIGEN el informe que elevó el Tribunal de Cuentas referido a la evaluación del Programa 68 -Desarrollo de Infraestructura Habitacional- Techo Digno, cuyo alcance se relaciona con las tareas de auditoría que realizó la Unidad de Auditoría de Obra Pública en los meses de agosto, septiembre y octubre de 2017.
En la presentación, Monti pidió que se agregue el informe de la SIGEN al expediente relativo a la denuncia que se realizó por supuesto fraude en perjuicio de la administración pública y/o incumplimiento de los deberes de funcionarios público. Adicionalmente, sugiere que se oficie a la Sindicatura General de la Nación a fin de obtener los antecedentes que vinculan a la SIGEN y al Tribunal de Cuentas en el marco de la Red Federal de Control Público. También sugiere que se solicite el monto que se hubiera pagado o devengado a favor del Tribunal de Cuentas por realizar las auditorías citadas.
Monti expresa que los informes tienen relevancia respecto de la definición de la competencia federal, “toda vez que el hecho de que los informes de este tenor sean realizados por el TC de manera onerosa deja de manifiesto que la competencia primogénita de contralor corresponde a la SIGEN y que de ello deviene con claridad la competencia federal para la investigación en curso”.
A fines de abril, Monti se presentó a la Fiscalía Federal para denunciar la posible comisión del delito de fraude en perjuicio de la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público en ámbitos del Instituto Provincial de la Vivienda, a cargo de Dante López Rodríguez. La presentación se realizó a partir de las irregularidades detectadas por una auditoría que se llevó a cargo en el marco del programa Techo Digno.