En el marco de la investigación por las supuestas irregularidades en la construcción de Valle Chico, la Fiscalía Federal comenzó a convocar a los auditores del Tribunal de Cuentas que realizaron el informe que sirvió de base para la denuncia que realizó el diputado Francisco Monti.
Según trascendió, la Fiscalía citó ayer al ingeniero Marco Cativiela, quien ratificó el contenido de la auditoria que tenía por objetivo efectuar un análisis integral y de ejecución de las diferentes obras licitadas por el Instituto Provincial de la Vivienda.
Para hoy está prevista la convocatoria al arquitecto Antonio Quinteros y para el viernes a un empleado administrativo que también firmó la auditoría.
La Fiscalía Federal tomó medidas investigativas, pero existe absoluto hermetismo con respecto al alcance de las mismas.
Situación interna
La trascendencia pública que tuvo el informe de la Unidad de Auditoría de Obras Públicas del TC generó una complicada situación hacia el interior del organismo.
Es que la auditoría se realizó en 2017 a pedido de la Red Federal de Control Público. Se trata de un organismo de fiscalización y auditoría con el objeto de evaluar el desempeño de los programas sociales ejecutados por las jurisdicciones de carácter nacional.
En Catamarca, tiene un convenio con el Tribunal de Cuentas para auditar la aplicación de fondos provinciales.
En aquel momento, el IPV respondió algunas cuestiones formales que habían sido puestas bajo la lupa y también expresó sus diferencias con el informe y planteó una recusación contra el auditor Marco Cativiela.
La SIGEN le pidió al Tribunal de Cuentas que vea lo auditado para que opine con respecto a las consideraciones de los auditores.
El Tribunal de Cuentas nunca resolvió el planteo de la recusación, auque se sabe que existe un dictamen que la rechaza. En caso de aceptarla, quedaría nula la investigación.
La situación interna es complicada porque hay diferencias entre los integrantes del Tribunal de Cuentas con respecto a cómo resolver la cuestión, que incomoda a la conducción por la presión de sectores del Gobierno.
El lunes 29 de abril el diputado Francisco Monti (Vamos Juntos- FCS Cambiemos) se presentó a la Fiscalía Federal para denunciar la posible comisión del delito de fraude en perjuicio de la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público en ámbitos del Instituto Provincial de la Vivienda, a cargo de Dante López Rodríguez.
La denuncia se resume en presuntos sobreprecios, obras contratadas y no ejecutadas por parte de la contratista, vicios en la ejecución de obras, desdoblamiento de obras, omisión de cumplimientos de procedimientos de contratación en violación a las normativas vigentes.
El daño económico alcanzaría los $ 55. 487. 795, estable la auditoría. “Ajustado por precio dólar a la fecha de hoy, el monto del daño económico hay que estimarlo en $ 266. 244. 572, tomando el cambio oficial”, agregó el legislador.
El desarrollo de la investigación tiene particular importancia política para el Gobierno. Valle Chico es uno de los proyectos edilicios más emblemáticos de la actual gestión.
