El fiscal de Estado, Carlos Bertorello, le restó importancia al fallo de la Corte de Justicia donde le hizo lugar a un reclamo contencioso administrativo presentado por la empresa Capdevila en el marco de la causa del Estadio Bicentenario. En ese sentido, el funcionario indicó que la decisión de la Corte no cambia el proceso "y no trae consecuencias para el Estado".
El máximo tribunal había ordenado al Gobierno reabrir la instancia administrativa para responder una impugnación realizada por la firma a un decreto de 2012 en el que el Ejecutivo rechazaba la recepción definitiva del estadio. Recién en octubre de 2015, Asesoría General de Gobierno emitió un dictamen recomendando no hacer lugar al reclamo de la empresa y sugirió la perención de la instancia administrativa. Esto fue cuestionado por Capdevila y la Corte le dio la razón.
En declaraciones radiales, Bertorello consideró que el fallo de la Corte "es un tema procesal administrativo", ya que el tribunal sostiene que "no se puede rechazar el recurso que presentó la empresa en contra de la no recepción de la obra por las falencias técnicas porque hubo una caducidad de instancia por falta de movimiento”.
"Esto es un instituto del derecho y hace referencia a la supuesta falta de interés de la parte que insta o que hace el planteo. Esto tiene una sanción que es la pérdida del derecho de continuar el expediente", dijo.
"La Corte entendió que debió resolverse el planteo contra el decreto originario lo que sería la cuestión de fondo", añadió.
El funcionario, aclaró que la decisión "no resuelve absolutamente nada" y que "no trae para el Estado consecuencia alguna en cuanto a que Capdevila tenga razón".
"Tiene (Capdevila) eventualmente un pronunciamiento que dice que el Estado tiene que volver a resolver. Esto no es algo que vaya a causar un perjuicio al Estado, no es algo que incida en la faz concursal", añadió.
Bertorello justificó sus dichos al sostener que está probado que "las condiciones edilicias del estadio han sido modificadas claramente, no por falta de mantenimiento sino que como lo planteó la universidad de Tucumán porque la estructura cedió".
"No hay inconvenientes en materia concursal que es lo que nos interesa en este momento", agregó.
Consultado por cómo sigue el procedimiento, el fiscal sostuvo que la Provincia tiene dos opciones. Una es resolver sobre la impugnación de Capdevila y la otra es apelar la decisión a una instancia superior. "No estoy muy de acuerdo de una instancia superior porque esto dilataría aún más el proceso. En este caso, la instancia superior es la Corte Suprema", sostuvo.
En cuanto a la opción de resolver el planteo de la empresa, dijo que "la intervención central la tiene la Asesoría General de Gobierno".
"Nosotros controlamos la legalidad del proceso y que esté de acuerdo a derecho. Esto es que se cumplan todos los pasos y que no haya omitido ninguna etapa", aclaró.