ya tuvo denuncias penales por el cobro ilegal

Guaraz cobra hasta $2.000 de "peaje" a máquinas agrícolas

Desde hace semanas, cuando empezó la trilla de soja y maíz. La tasa se avala en una ordenanza municipal aprobada en 2018.
lunes, 13 de mayo de 2019 · 04:09

El Este de la provincia nunca deja de ser noticia y, como en muchas de las oportunidades anteriores, por las polémicas medidas del intendente Elpidio Guaraz.

Otra vez el jefe comunal de Bañado de Ovanta, departamento Santa Rosa, volvió a hacer de las suyas y empezó a cobrar “peaje” a la maquinaria agrícola y camiones que transitan por la ruta nacional 64.

El monto de esta tasa municipal va desde los $500 a los $2000, según el vehículo del que se trate, sea este una cosechadora o un camión, los que con mayor frecuencia transitan por el lugar. Mientras que los camiones denominados mosquito abonan la tasa más alta de $2000.

Desde hace semanas, cuando la producción en la zona retomó la mayor actividad por la trilla de soja y maíz, el jefe comunal dispuso la presencia de un empleado municipal en la ruta a la espera del paso de los vehículos.

La escasa velocidad a la que circulan y la necesidad de realizar tareas que demandan horas, en uno y otro campo los vuelve presa fácil del peaje satarroseño.

De acuerdo a las consultas realizadas por EL ANCASTI, el operativo de cobro se instala en cuestión de minutos apenas se advierte la presencia de maquinaria en la jurisdicción. Una vez que se conoce de la presencia de las maquinas que generalmente circulan en grupos de de diez o más, se instala un empleado en la ruta con conos. No hay puestos ni otro elemento que advierta sobre la presencia del puesto, y una vez que hizo su tarea se levanta.

Por el cobro se emite un recibo manual y sin mayores detalles que indiquen que es el municipio el ente recaudador.
Lo más llamativo es que se realiza sobre una ruta nacional, con lo que el municipio no tiene competencia en absoluto y deja a las claras de que se trata de una maniobra ilegal.

Por la situación varios productores de la zona expresaron sus críticas, ya que no es la primera vez que se aplica esta metodología.
Pese a esto, el polémico peaje está avalado por una ordenanza aprobada el año pasado en las últimas sesiones ordinarias del Concejo Deliberante de Santa Rosa, y se denomina “Tasa municipal por el paso de vehículos pesados por la jurisdicción de la municipalidad de Santa Rosa”.

Histórica
Si bien la ordenanza que aplica el peaje data de 2018, tiene antecedentes desde 2012. Pese a las denuncias  de productores, concejales y Vialidad Nacional, se sigue aplicando.

Antecedentes

Mientras los productores buscan hacerle frente a la crisis económica y mantener la producción con costos mucho más elevados por  el valor del dólar, ya que varios insumos que utilizan se cotizan en esa moneda, Guaraz no deja pasar oportunidad para darle trabajo a la renta municipal.

No es la primera vez que el intendente le saca un rédito con dudosas medidas a la actividad productiva de la zona.

Los antecedentes se remontan a 2012, cuando el municipio dispuso la creación de la “Guardia Preventiva de Santa Rosa”, que cumpliría el rol de “control, fumigación y cobro de la tasa municipal correspondiente”, según indicaba la normativa de aquella fecha.
En el mismo instrumento legal los concejales de aquel momento decidieron “declarar y establecer que las rutas que pasen por el centro de los pueblos de la jurisdicción municipal son calles municipales que poseen sus respectivos nombres”, apropiándose de aquellas arterias bajo la órbita nacional y provincial.

En otro tramo, de aquella polémica ordenanza se había dispuesto que aquellas máquinas agrícolas o camiones que ingresen al ejido municipal debían pagar la suma de $200  “o el equivalente al valor de 50 litros de gasoil en estaciones de servicio YPF del departamento Santa Rosa”, indicaba el instrumento.

El cobro de este peaje es viejo y se aplicó a discreción bajo diferentes formas y nombres, con una facilidad absoluta para convertirse en ordenanzas, apoyada por una mayoría absoluta del oficialismo local en el Concejo Deliberante.

Entre los antecedentes consta que la propia administración de Vialidad Nacional denunció penalmente en varias oportunidades al intendente Elpidio Guaraz, por el cobro ilegal de tasas y peajes en rutas nacionales.  Pero tampoco parecen haber sido suficientes para torcer el empeño recaudador del jefe comunal.

Por las dádivas

Pero el afán del jefe comunal en cobrar por todo aquello que circule por su jurisdicción tiene otros antecedentes y parece ser la metodología aplicada por otros intendentes de la zona, incluso para marcar territorio.

En agosto de 2018 el intendente de San Pedro de Guasayán, pero de Santiago del Estero, José Roberto Nour,  le aplicó al propio Guaraz una tasa por el paso de “dádivas”.

Resulta que en plena campaña electoral santiagueña para elegir a los intendentes, el catamarqueño decidió meterse en la disputa en apoyo al candidato opositor Guido Sotelo.

La intervención le fue retrucada con el cobro  de una tasa municipal de circulación, a los camiones con arena y otros materiales de construcción que enviaba diariamente el intendente catamarqueño a jurisdicción ajena.

Aquella situación también generó una fuerte polémica y una larga disputa entre los políticos catamarqueños y santiagueños.
La cercanía entre Catamarca y Santiago del Estero, divididas por las viejas líneas del ferrocarril, nunca fueron impedimento para que Guaraz aplique su propia política.

Una ordenanza sancionada en forma dudosa

El concejal de Santa Rosa Mario Páez (FV)  al ser consultado por El Ancasti admitió la existencia del cobro y cuestionó la medida.

Páez indicó que la ordenanza que avala el cobro fue sancionada de forma dudosa dentro del Concejo Deliberante de Santa Rosa a fines del período ordinario de sesiones del año pasado.

Señaló que por este tema realizó muchas denuncias pero "todas  quedaron en la nada".

“Somos un departamento rico en producción y esto se debería manejar de otra manera y que tenga un aporte real para los santarroseños”, dijo el edil.

Según indicó está al tanto de la situación por las denuncias que le hicieron llegar trabajadores y propietarios de los campos que se ven afectados por esta medida.

También apuntó a que este cobro se realiza en una jurisdicción nacional y que no es competencia del municipio. Puso en tela de juicio también el destino de los fondos que se recaudan de los que dudó vayan a las arcas del municipio.

"El pueblo me eligió para que los defienda y hoy tengo la obligación de decirles la verdad. Dentro del Concejo soy minoría y lo único que puedo hacer es informar de estas cosas", manifestó.

 

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