El Gobierno oficializó ayer a través de un decreto presidencial un incremento de 13.000 millones de pesos para los fondos destinados a las obras sociales que controlan los sindicatos. La medida fue oficializada a través del Decreto 251/2019 firmado por el presidente Mauricio Macri; el jefe de Gabinete, Marcos Peña; y la ministra de Salud y Desarrollo Social, Carolina Stanley.
El Gobierno reasignó los fondos disponibles que hayan ingresado hasta el 28 de febrero de 2019 desde el Fideicomiso de Administración creado por el artículo 4º del Decreto N° 908/16 al Fondo de Emergencia y Asistencia.
Esos fondos se destinan a financiar el Programa de Asistencia Financiera para el Fortalecimiento Institucional y Mejoramiento de la Calidad Prestacional de los Agentes del Seguro de Salud previsto en el artículo 10 del Decreto Nº 554/18.
Según el artículo segundo, el Gobierno decidió afectar los intereses devengados al 31 de marzo de 2019, resultantes de la inversión de los fondos percibidos en cumplimiento de la Resolución del ex ministerio de Salud 1641/17, para ser aplicados al fideicomiso de administración con el objeto de financiar la estrategia de Cobertura Universal de Salud (CUS).
La medida oficial se da justo en momentos en que la tensión con los gremios vuelve a tomar relevancia, luego de que se hablara de la posibilidad de convocar a un paro nacional.
El acuerdo llega en momentos en que el líder camionero Hugo Moyano, con el apoyo de las tres CTA, los sindicatos de izquierda y los movimientos sociales avanzan hacia un paro general, que tiene como fecha tentativa el próximo martes 30. Aunque aún se desconoce cuál será la actitud de la CGT oficial, encabezada por Héctor Daer y Carlos Acuña.
De acuerdo a la información publicada por La Nación, el decreto contiene no solo mayores fondos para las obras sociales de los gremios, sino además establece la creación de la Agencia de Evaluación de Nuevas Tecnologías (Agnet), que servirá como un límite a la ola de demandas judiciales millonarias por servicios médicos no prestados por las obras sociales a través del Programa Médico Obligatorio (PMO).
El tercer punto destacado del decreto es la que habilita a las obras sociales al cobro del dinero que corresponde a los cerca de 385.000 empleados que, al jubilarse, deciden continuar con su obra social y prescindir de los servicios del PAMI, que hasta el momento retenía esos fondos no utilizados.n
