Dos proyectos de los diputados nacionales catamarqueños Gustavo Saadi y Silvana Ginocchio forman parte de la agenda que la oposición pretende tratar en sesión especial hoy, muy incómoda para el Gobierno nacional.
Uno da rango de ley al Programa de Respaldo a Estudiantes Argentinos (PROGRESAR), un sistema de becas y otras ayudas creado por decreto en 2014.
El otro crea la Red Federal de Hogares de Protección Integral para Mujeres en Situación de Violencia en el ámbito del Instituto Nacional de las Mujeres, conformada por los dispositivos de alojamiento, seguridad y atención especializada en violencia de género.
Estas dos propuestas de los catamarqueños forman parte de una batería de 78 proyectos sin dictamen de comisión, entre los que están la exención del pago de impuesto a las Ganancias para jubilados y pensionados, la declaración de Emergencia Alimentaria, y las tarifas de servicios públicos.
La oposición en la Cámara de Diputados asegura ya tener garantizado el número para sesionar, por lo que el oficialismo piensa una estrategia para neutralizar la convocatoria.
Fuentes parlamentarias sostienen que un punteo tentativo les da un total de 131 diputados sentados en sus bancas, es decir, un quórum muy ajustado, que podría derrumbarse ante la eventualidad de ausencias de representantes del interior que aleguen compromisos en sus provincias.
La sesión especial, pedida en conjunto por Argentina Federal, Frente para la Victoria, Frente Renovador y otros bloques minoritarios, fue convocada para las 11.30 de este jueves. Como los proyectos no cuentan con dictamen de comisión, requieren de una mayoría de dos tercios para ser aprobados, número que la oposición está lejos de reunir.
Ésa es la principal arma de la que se vale Cambiemos para bloquear la intentona opositora, pero no evitará que el recinto se convierta en caja de resonancia de una serie de proyectos que meten el dedo en la llaga de un Gobierno debilitado por la marcha de la economía.
A su vez, el oficialismo cuestiona la legitimidad de la sesión poniendo el acento en que los proyectos que se intentan debatir no siguieron el camino institucional ordinario de tratamiento en comisión y firma de dictamen.
