El diputado Francisco Monti (Vamos Juntos- FCS Cambiemos) se presentó ayer a la Fiscalía Federal para denunciar la posible comisión del delito de fraude en perjuicio de la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público en ámbitos del Instituto Provincial de la Vivienda, a cargo de Dante López Rodríguez. La presentación se realizó a partir de las irregularidades detectadas por una auditoría que se llevó a cargo en el marco del programa Techo Digno por el que se ejecutaron viviendas en Valle Chico.
La denuncia se resume en presuntos sobreprecios, obras contratadas y no ejecutadas por parte de la contratista, vicios en la ejecución de obras, desdoblamiento de obras, omisión de cumplimientos de procedimientos de contratación en violación a las normativas vigentes. El daño económico alcanzaría los $ 55. 487. 795. "Ajustado por precio dólar a la fecha de hoy, el monto del daño económico hay que estimarlo en $ 266. 244. 572, tomando el cambio oficial", señala el legislador.
La auditoría fue realizada por la Unidad de Auditoría de Obras Públicas del Tribunal de Cuentas (UAOP) , en el marco de la labor de la Red Federal de Control Público, cuya competencia comprende el contralor de programas federales.
La verificación in situ fue sobre 10 licitaciones públicas del año 2015. La auditoria en el lugar se realizó en octubre de 2017. A continuación se reproducen los puntos principales de la auditoria y de la denuncia:
1- Se observa que en todas las obras se vencieron los plazos, sin la respectiva intimación y aplicación de las multas, con lo cual no se cumplieron los plazos de obra según contrato, pliegos y convenios particular y específico.
2- Las licitaciones públicas Nº 31, 32, 33, 34 y 40/2015 no cuentan con razonabilidad económica. Hay posibles vicios ocultos, con lo que existiría un daño superior a los $ 55. 487. 795 por cómputos incorrectos, errores en sumas aritméticas, sobreprecios, obra no ejecutada. “Asimismo, existió a criterio de esta unidad un claro desdoblamiento de obra, con las complicaciones en la ejecución de las obras, detectadas en la verificación realizada. La mayoría de las observaciones expuestas fueron informadas oportunamente al IPV en el año 2015", manifiesta.
3- Se advierte que se requirió al IPV, tanto en el 2015 como en esta etapa, la documentación del proyecto ejecutivo con el fin de verificar cómo surgieron los parámetros de diseño de las obras (especialidad vial e hidráulica). Según los auditores no se contó con esa información.
4- En las licitaciones Nº 31, 33, 34, 40/15, “hay una observación que luce constante. En todos se verifica que en el pliego particular de especificaciones existirían ítems de obra que no estarían incluidos en la licitación”.
Puntos en particular En la presentación, Monti puntualizó las irregularidades más relevantes . Así, para la obra Trabajos preliminares y complementarios (limpieza y destronque, desmonte, caminos de servicio en la licitación 31/15) se detecta que: - Por un defecto de cómputos se licitó en más por el total de 50. 815 metros cúbicos de excavación.
- El ítem “Caminos de Servicios” se encuentra sobredimensionado, lo que deviene en una irrazonabilidad que representa la suma de $ 6.399. 255.
- Se licitó 149.765 m3 de excavaciones usadas en terraplén, cuando sólo se debía contratar 34.812 m3, lo que deriva en una diferencia en perjuicio del Estado de alrededor de $ 18. 000. 000.
- También se concluye que la obra fue sobrecertificada. En la obra "Movimiento de Suelos" de la licitación 32/15 se desprende que existen unos 41.790 m3 de terraplén mal computados. La obra fue sobrecertificada.
En obra " Pavimento Flexible en Avenidas" se desprende que se contrató por 108. 153 m2 de pavimento flexible, mientras que por verificación in situ se constató que se ejecutó 79. 900 m2.
Los auditores recomendaron al TC que informe a Fiscalía de Estado para que intime a los contratistas.
Conclusiones generales
En todas las obras se vencieron los plazos sin la respectiva intimación y aplicación de multas a las empresas.
Las licitaciones públicas Nº 31, 32, 33, 34 y 40/2015 no cuentan con razonabilidad económica. En 2017, los auditores estimaron un daño económico superior a los 55, 4 millones de pesos por cómputos incorrectos.
La auditoría señala que no hubo inspectores de obra con las respectivas incumbencias para el control y vigilancia responsable de las obras.
