La Unidad Fiscal de Delitos contra Administración Pública elevó a juicio una causa que compromete a Silvia Alejandra Quinteros, exfuncionaria de la Secretaría de la Vivienda por la falta de presentación de su declaración jurada de bienes cuando estuvo a cargo de la Administración Contable y Financiera de la Secretaría de la Vivienda durante la gestión de Octavio Gutiérrez.
En el marco de la investigación por los hechos de corrupción en la Secretaría de la Vivienda se detectó que no había cumplido con la obligación constitucional.
El artículo 167 de la Carta Magna establece que "todos los funcionarios públicos, inclusive cada uno de los miembros de los tres poderes y todo agente administrativo que maneje fondos fiscales o administre bienes de la Provincia, antes de tomar posesión del cargo y al dejar el mismo deberán hacer una declaración jurada de los bienes propios y de los de sus padres, hijos y cónyuges, que se inscribirán en un registro especial que será público, a fin de que, en cualquier tiempo, durante o después de terminar sus funciones, cualquier habitante pueda requerir judicialmente la verificación de la legitimidad del enriquecimiento del Gobernador o agente administrativo".
En Catamarca, las declaraciones juradas de bienes se presentan ante el Tribunal de Cuentas y solo se accede a ellas a través de un pedido judicial.
Quinteros tenía la obligación de presentar la declaración jurada al iniciar la gestión y también al finalizar su cargo. No cumplió con la obligación. Fue intimada pero hizo caso omiso.
Finalmente, la Fiscalía la imputó por la omisión. Fue convocada a prestar declaración indagatoria y se abstuvo, y la causa fue elevada a juicio.
En este caso, Quinteros ya tiene otra imputación, lo que implica que se acumulan las causas para cuando su situación llegue a debate.
En 2017, la Fiscalía elevó a juicio una primera parte de la causa relacionada con hechos de corrupción ocurridos durante la gestión anterior en la Secretaría de la Vivienda. En la causa Quinteros está comprometida la por negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, en concurso ideal. También, Jackeline Figueroa de Moreno, quien se desempeñaba como secretaria privada de Quinteros y era titular de la firma RAF SRL, proveedora de la Vivienda; el hermano de Jackeline, Gonzalo Figueroa, propietario de un corralón que actuó como proveedor de la Vivienda, y María Cisneros, madre de Jackeline y Gonzalo, socia con su hija en la firma RAF SRL y también empleada en el organismo oficial.