El comienzo del debate está previsto para el 6 de agosto
Por adulteración de los expedientes, plantean la nulidad del Megafraude
El abogado de dos de las imputadas argumentó que dos pericias técnicas constataron que se manipularon los expedientes de pago a las Fundaciones IDEIA y Jóvenes en Progreso.
El abogado Jorge Díaz Martínez presentó ante la Cámara Penal de Primera Nominación un recurso por el que solicita la nulidad de la causa en la que se investiga el megafraude de Desarrollo Social o el sobreseimiento por violación del plazo razonable para la investigación de la causa. La presentación es porque los expedientes de pago a las Fundaciones IDEIA y Jóvenes en Progreso desaparecieron en su momento del ámbito de la Tesorería General de la Provincia. Luego aparecieron, pero no serían los originales y se constató a través de dos pericias que se produjeron adulteraciones.
Díaz Martínez es el representante legal de Susana Beatriz de la Colina y María Cristina Barros de Voget, ambas imputadas en la causa, quienes se desempeñaban en el Ministerio de Hacienda. En el escrito, el letrado apunta que los expedientes fueron sustraídos y “vueltos a aparecer” en la Tesorería General, que es la encargada del resguardo y archivo de la documentación remitida por la Contaduría .
“Desde un inicio las imputadas manifestaron que los expedientes administrativos que les fueron exhibidos en el acto de la indagatoria no eran lo que se tuvieron a la vista al momento de su intervención”, recordó.
En ese contexto, señala que la Fiscalía interviniente no prestó atención a la situación planteada durante la etapa de la investigación preparatoria. Cuando la causa llegó a la Cámara penal se admitió y practicó una pericia técnica y “quedó demostrado que los expedientes fueron objeto de distintas adulteraciones, extrapolaciones y otras manipulaciones”.
Menciona que entre hubo faltante de fojas, existencia de dos resoluciones emitidas por la Secretaría de Desarrollo Social con idéntica numeración y contenido diferente en ambas; inexistencia de facturas correspondientes a la contratación; expedientes confeccionados sin la intervención de la Mesa General de Entradas y Salidas. “Todo ello son indicios de que los expedientes habrían sido manipulados y/o adulterados”, señala al referirse a las pericias.
“Estamos en presencia de documentos inhábiles para esclarecer los hechos objetos del juicio por carecer de autenticidad y veracidad”, argumentó. Díaz Martínez revela que hubo también una segunda pericia que se practicó ante la Corte de Justicia que verifica la existencia de las mismas adulteraciones y agrega que fueron ejecutadas con posterioridad a la intervención de Susana de la Colina, quien se desempeñaba como subcontadora de Registro e Información Financiera de la Contaduría General de la Provincia, y de María Cristina Barros de Voget, actual jefa del departamento Gestión Administrativa de la Contaduría General de la Provincia. Por otra parte, recuerda que ante la publicación de la noticia por la desaparición de la documentación, se inició un sumario administrativo. Dicho procedimiento no arribó a ninguna conclusión hasta ahora, a pesar de haber transcurrido casi 15 años desde que se conocieron los hechos.
En febrero de 2005 , De La Colina, que había sido separada del cargo junto a otros dos contadores del área, había advertido a este diario sobre la desaparición de expedientes. “Quién me asegura que no se han fraguado cosas”, había expresado en aquel momento. Por último, Díaz Martínez plantea la violación de la garantía del plazo razonable al argumentar el tiempo que transcurrió sin que la causa se resuelva. En este sentido considera que hubo una violación al derecho a ser juzgado en un plazo razonable.
En definitiva, el letrado solicitó la nulidad del juicio por la causa del Megafraude y/o el sobreseimiento de Susana Beatriz de la Colina y Cristina Barros de Voget por violación de la garantía constitucional del plazo razonable para ser juzgado.
El tribunal que preside Carlos Moreno e integrado por Fernando Esteban y Jorge Álvarez Morales había fijado fecha para el debate para el 6 de agosto. Esta era la tercera vez que la Justicia se prepara para el debate oral y público de la causa, que tiene varios imputados.
