A partir de un planteo que realizó el diputado Francisco Monti, la Administración General de Rentas admitió que hubo un error en la percepción del Impuesto Inmobiliario lo que derivó en que no se aplicara el tope para el cobro de ese gravamen. El tope permitía que el incremento del impuesto no superara al 150% en comparación a lo que el contribuyente había pagado en 2018. La situación irregular por el cálculo inadecuado alcanza a 6.200 contribuyentes, la mayoría de la capital.
A fines de marzo, el legislador del bloque Vamos Juntos- FCS- Cambiemos elevó un planteo a la administradora de Rentas, Susana Varas, por el que advertía que no se estaba aplicando el tope para el cobro del impuesto Inmobiliario y algunos contribuyentes abonan incrementos superiores al 150% en comparación con el año pasado, lo que no está permitido por la legislación vigente.
En la presentación señalaba que la ley Impositiva para el ejercicio 2019 estableció con precisión un tope para la aplicación del impuesto Inmobiliario. En este sentido, la normativa establece en el artículo tres que “el impuesto Inmobiliario resultante para el siguiente ejercicio no deberá superar en una vez y medio el impuesto correspondiente al año 2018, salvo que el incremento del gravamen tenga su origen en valuaciones de mejoras o edificaciones de la parcela, denunciada por el contribuyente o detectada por la Administración General de Catastro”.
En esa presentación señalaba que se ha detectado y comprobado un alto número de casos en los cuales la Administración de Rentas ha cobrado a los contribuyentes de la Provincia sumas que se encuentran por encima del tope, “por lo cual se infiere que Rentas de la Provincia no realizó las previsiones correspondientes para que se aplique el tope de Ley”, expresaba el planteo elevado.
Respuestas
Con posterioridad al planteo, la Varas se reunió con Monti y luego le envió una respuesta por escrito en la que admitió que el problema existía pero relativizó el alcance al señalar que la masa de afectados representa al 3% del universo de contribuyentes. De todos modos, el legislador destacó la reacción del organismo que reconoció la existencia del planteo opositor.
"Rentas respondió que el problema existe, técnicamente, Catastro y Rentas tuvieron problemas para aplicar los topes de ley y efectivamente había gente que pagaba el impuesto inmobiliario demás".
Según explicó Monti, en diálogo con EL ANCASTI, existen dos caminos. Uno es que los propios contribuyentes identifiquen que están pagando por encima de una vez y media más en comparación a 2018 y tienen que realizar el planteo ante la administración de Rentas.
Por otra parte, manifestó que Rentas se comprometió a realizar un trabajo para identificar los casos y actuar de oficio. "Se hace referencia a la generación de un crédito correspondiente a cada una de las matrículas donde se hubiera pagado demás", expresó. Es decir que el contribuyente que pagó tendrá un crédito a su favor.
"Esto deja de manifiesto que el planteo era el correcto, lamentamos que tenga que llorarse sobre la leche derramada, pero vemos con beneplácito que el organismo recaudador y la provincia estén trabajando para solucionar el problema", añadió Monti.
Aplicación de la ley
El problema se generó a partir de la puesta en vigencia de la ley impositiva para este ejercicio, ya que el sistema no registró la posibilidad de un incremento gradual en el impuesto para aquellos que modificaban la valuación porque se actualizó el valor de los terrenos y también el valor de las construcciones.
"Lamentablemente, aprobamos la ley sobre el final de diciembre. Sería muy bueno que el Gobierno de Catamarca empiece a mandar antes la ley impositiva para trabajarla con más tiempo. Entre el tiempo que se aprueba la ley y la necesidad de aplicarla, quizás, el organismo recaudador no tenga el tiempo suficiente para adecuar los sistemas informáticos. Lo que se había establecido era un tope para que el tránsito - de aquellos que están pagando un nivel de impuestos inmobiliario y se le realiza una nueva valuación fiscal- no sea tan duro. Se estableció ese tope para aquellos que tienen que pagar más porque su propiedad vale más, de tal manera que tengan un tránsito gradual", explicó.
"Eso en algunos casos no pudo ser así, alentamos a quienes están en la situación realicen el reclamo pertinente, sin perjuicio de que Rentas solucione el problema de oficio", indicó.
El universo de afectados alcanzaría a 6.200 contribuyentes del impuesto inmobiliario. "Para el organismo no es una cifra representativa, pero para nosotros es suficiente para realizar el planteo que hicimos y para que la gente no pague demás. Estamos en un año muy difícil y la gente hace mucho esfuerzo para pagar sus impuestos", expresó el legislador que tuvo el acompañamiento de otros legisladores del bloque del FCS- Cambiemos para realizar el planteo formal.
La titular de la Administración General de Rentas Susana Varas admitió que en el primer trimestre del año existe una baja en la recaudación provincial de impuestos, como consecuencia de la situación económica.
Aunque todavía no tenía el informe final, estimó que la caída en la recaudación sería del 18%. Se espera cerrar los ingresos que tuvo el organismo en abril ya que algunos vencimientos se prorrogaron para este mes.
"En valores nominales hay un incremento de recaudación en un 37% aproximadamente. Pero con el índice inflacionario que tenemos la recaudación no está creciendo", manifestó en declaraciones a Radio Valle Viejo y explicó que, tal como ocurre en la economía familiar, el organismo recibe más cantidad de dinero, pero puede comprar menos en comparación al año pasado.
Según comentó el mayor impacto en la baja de la recaudación se da en ingresos brutos, ya que es un impuesto que depende de las ventas y ante la disminución impacta en la recaudación.
Además, comentó que por la firma del Pacto Fiscal que se selló con la Nación, la provincia se comprometió a disminuir algunas alícuotas de actividades bajo el supuesto de que la recaudación no disminuiría porque se iba a acelerar la actividad económica.
"En el período 2019 hay varias actividades que vieron reducidas sus alícuotas, el sector industria, por ejemplo. Lo que significó la disminución de las alícuotas es también impacto en la recaudación. Cuando se proyectó la medida se dijo que iba a existir una reactivación económica que iba a impactar en la recaudación, pero eso no pasó".
Consultada por el impacto que tendrán las medidas anunciadas por el Gobierno nacional, Varas dijo que no cree que sean suficientes para la reactivación económica, pero aclaró que prefiere ser positiva hasta tener los resultados.
Por otra parte, confirmó que existe un nivel preocupante de morosidad que llega al 40 o 45% e impacta más en el impuesto inmobiliario.
En este sentido, advirtió que el organismo retomará los operativos que realizaba en la vía pública para detectar morosos a partir de las patentes de autos.
