El sector de la construcción es variable de ajuste en una disputa entre la Casa Rosada y la Provincia por el pago de redeterminaciones de precios por la construcción de viviendas que se arrastra desde 2016, en el inicio de la gestión del presidente Mauricio Macri.
La deuda asciende a unos 300 millones de pesos y la falta de resolución de las diferencias pone en riesgo la entrega de alrededor de 3.000 viviendas sociales del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) que están casi listas, con un avance del 97%.
A poco de asumir Macri, se diseñó un nuevo sistema para financiar la construcción de viviendas sociales, en el que el 70% del costo sería afrontado por la nación y el 30% restante por las administraciones provinciales.
La Nación propuso al IPV local financiar la totalidad de unas 400 viviendas nuevas que pidió para licitar, a cambio de que este organismo se haga cargo de los $300 millones que las empresas constructoras reclaman por redeterminación de precios de las 3.000 licitadas entre 2013 y 2014.
El IPV aceptó y propuso a las firmas pagarles de acuerdo a la disponibilidad de recursos del Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI), pero la mayoría de las empresas, sobre todo las medianas y chicas, se resisten a aceptar pues el mecanismo les representaría un fuerte costo financiero, adicional al que vienen afrontando desde 2016.
Calculan que cubrir toda la deuda con el dinero que le toca a Catamarca del FONAVI llevaría por lo menos un año.
Los trámites administrativos de redeterminación de precios están aprobados a nivel nacional.
Más comprometidas
La demora impacta con mucha mayor fuerza en las pequeñas y medianas empresas constructoras, con menos espaldas para soportar costos financieros que las grandes.
Las viviendas en cuestión se licitaron y adjudicaron en 2013 y 2014, pero su edificación se inició recién en 2016, con Macri ya en la Presidencia y Rogelio Frigerio a cargo del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Viviendas.
La construcción se llevó adelante con precios de hace 3 años.
El trámite para la redeterminación de precios procede cuando el alza de los índices de construcción supera el 8%. Se produjeron al menos 10 "saltos" de tal tipo desde que las obras, localizadas en diferentes puntos de la provincia, se iniciaron.
Así se acumuló la deuda cuyo pago Nación delegó en el IPV, cuyo cumplimiento éste quiere estirar por lo menos un año.
De tal modo, las empresas constructoras terminan financiando a la administración nacional y a la Provincia.
La coyuntura es mucho más compleja para las empresas chicas, alrededor de 30, algunas de carácter familiar, que carecen de margen para aguantar y tampoco están en condiciones de acceder, como las más grandes, a otras obras de mayor envergadura en, por ejemplo, el Ministerio de Obras Públicas, cuyos ingresos les permitan compensar las pérdidas sufridas por el retraso de los precios en el IPV.
Lógicamente, al no cumplirse con los desembolsos por la redeterminación de precios desde 2016, el ritmo de las construcciones se demoró.
El Gobierno espera poder entregar las casas este año, en el marco de la campaña electoral, pero crece entre algunos integrantes de la Cámara de la Construcción empezó a circular la idea de subordinar la entrega de las viviendas a que el Estado provincial pague lo que debe o bien establezca mecanismos menos onerosos desde el punto de vista financiero para las constructoras.
Efecto cascada
La ralentización del ritmo de la construcción a raíz de las demoras en pagar por parte del Estado, nacional o provincial, provoca un efecto cascada pernicioso que impacta en todos los eslabones de la cadena, desde los proveedores hasta los obreros.
Fuentes de la Cámara de la Construcción calculan que hay unos 3.000 puestos laborales en la cornisa.
Los problemas en la cadena de pagos Estado-empresas obstaculiza el desarrollo de propuestas como la de que las firmas se inserten para trabajar con empresas mineras.
La mayoría de las empresas que componen la Cámara de la Construcción no pueden entrar en este circuito porque no reúnen las condiciones técnicas ni pueden financiarse para cubrirlas.
De este modo, el negocio es para las grandes o bien las mineras contratan afuera de Catamarca.
El presidente de la Cámara de la Construcción, Julio Córdoba, señaló que la actividad cayó un 50% en los últimos dos años, con la pérdida de al menos 2.000 puestos laborales.
No hay expectativas de que este panorama vaya a revertirse.