Por tercera vez, la Cámara Penal Nº 1 fijó nueva fecha para el debate oral de la causa conocida como "Megafraude" por la que se investiga supuestos actos de corrupción en la contratación de capacitaciones por parte del Estado. Ahora, el tribunal que preside Carlos Moreno e integrado por Fernando Esteban y Jorge Álvarez Morales fijó fecha para el 6 de agosto.
El año pasado la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió desestimar un recurso extraordinario presentado por el abogado Víctor García, defensor del ex titular de la Fundación Jóvenes en Progreso, Carlos Arriazu, uno de los imputados en la causa conocida como el Megafraude. El defensor planteaba la prescripción de las actuaciones, en un proceso que en octubre cumplirá 15 años sin resoluciones.
En marzo de 2018, Víctor García presentó un recurso de casación en contra de la sentencia de la Cámara Penal Nº1 por la que se había rechazado el planteo de prescripción de la causa del Megafraude de Desarrollo Social. En febrero, la Cámara integrada por Fernando Damián Esteban, Jorge Álvarez Morales y Fabricio Gershani Quesada había rechazado el planteo de prescripción que García había presentado en 2017.
El 11 de diciembre de 2017, un día antes de la última fecha que se había fijado para el inicio del juicio, García pidió el sobreseimiento de Arriazu y de quien por entonces era su defendida, la ex empleada del Ministerio de Desarrollo Social Nancy Madueño, por insubsistencia de la acción penal, atento a que consideraba que ésta se encontraba prescripta por el tiempo transcurrido.
Ésta sería la tercera vez que se fije una fecha para el comienzo del debate por esta causa. En abril de 2016 las actuaciones llegaron a la Cámara Penal Nº1 para fijar fecha de juicio, que tras un año se definió para el 16 de agosto de 2017. Un día antes, los abogados Víctor García e Iván Sarquís plantearon una serie de nulidades y el inicio del juicio se suspendió. Finalmente esos planteos fueron desestimados, la Corte local solicitó que se fije nueva fecha y se resolvió el inicio del juicio para el 12 de diciembre de 2017, cuando también se suspendió.
En esta oportunidad es posible que Álvarez Morales ya no integre el tribunal porque inició su trámite jubilatorio.
El proceso
En octubre de 2004, tras una serie de publicaciones de El Ancasti, se inició una investigación en la que se busca a los responsables de la triangulación entre los Ministerios de Desarrollo Social y Hacienda junto con dos fundaciones que cobraron alrededor de $5 millones por el supuesto dictado de cursos de capacitación que no se realizaron, o se hicieron con un número de cursantes inferior al declarado.
Además de Arriazu y Madueño, están imputados el ex director de Políticas Juveniles Ariel Regina, el ex secretario de Desarrollo Social Pablo Córdoba Molas; el presidente de la Fundación Ideia, Hugo Diamante; y ex funcionarios del Ministerio de Hacienda: María Cristina Barros de Voget, Guillermo Alberto López, Liliana del Valle Jalil de Barrera, Susana Beatriz de la Colina, y Juan Andrés Barrios, todos por 24 hechos.
