Las estadísticas oficiales de la Dirección de Reconocimientos Médicos de la provincia, sobre el ausentismo registrado en agentes que pertenecen a la Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP), echan por tierra los argumentos esgrimidos por el director de la obra social, Julio Cabur, para justificar la tercerización del servicio de control médico.
De acuerdo a la información oficial a la que pudo acceder El Ancasti, durante todo el 2018 se registró un 4,5% de pedidos de licencia médica, sobre un universo de 355 agentes registrados dentro de la obra social.
Según las estadísticas, de ese total de ausentismo el mayor porcentual correspondió a licencias por largo tratamiento que representó un 39%; un 35% fue para licencias por corto tratamiento y le siguió atención familiar con un 13%.
Durante el periodo se registraron un total de 1.873 solicitudes de licencias.
El titular del organismo, Lorenzo Villagra, volvió a defender el trabajo que desarrollan los médicos que integran el área y señaló que las cifras difieren en gran medida a lo señalado desde la obra social.
Cabur había señalado que el ausentismo registrado en todo el 2018 alcanzó un 46% y que por ello se tomó la decisión de atacarlo con mayor control.
“Lo único que hicimos -por la alta tasa de ausentismo- es contratar un médico para controlar que los pacientes tengan esa enfermedad y no se le den días de más”, había justificado Cabur en aquel momento, cuando la tercearización del servicio desató la polémica.
El titular del organismo provincial, encargado del control del ausentismo para todos los estatales de la provincia, destacó que los médicos que integran el área se sintieron avasallados en su trabajo y cuestionaron duramente el control paralelo. Pese al rechazo, la OSEP continúa hoy aplicando el polémico control.
Si bien se mostró disconforme por la falta de resolución a la polémica medida -sobre la que insistió atenta contra el trabajo de los médicos-, admitió que no es su competencia exigir que se suspenda, pero “sí defender el trabajo de los profesionales” que integran el área.
“Yo defiendo nuestro trabajo, que es arduo. Pasan 100 a 200 personas por día, antes pasaban 700, cuando Educación dependía de la provincia”, dijo el funcionario y señaló que los días otorgados fueron en relación a las dolencias que presentaba el personal, sin excesos de ningún tipo.
La medida implementada por la obra social, a partir del mes de marzo, generó una fuerte polémica entre el personal, el organismo público y en la sociedad, por una serie de irregularidades que se habrían cometido en el procedimiento que incluyó en primera instancia la contratación de una empresa privada, para luego finalmente contratar a un solo médico que cumpliría con el control interno.
Malestar
Además de la polémica que aún continúa dentro del estado, los representantes gremiales de los de la obra social cuestionaron la forma en que se lleva adelante el control interno.
Según se indicó, el médico contratado para tal fin es Juan Pablo Moya, quien no solo realiza la revisión de la documentación autorizada en forma previa por Reconocimientos Médicos, sino que además lleva adelante la revisión física de los pacientes, en un ámbito que opinaron no sería el adecuado.
En primera instancia el director de la obra social había señalado que el rol del profesional sería solo el de control para los casos “problemáticos”, sobre los cuales se detectaban faltas reiteradas, sin embargo se aplica a todo el personal que solicita licencias, sean éstas por largo o corto tratamiento. Pero tampoco se desarrolla de la manera en que lo anunciara, solo en cuanto a la documentación presentada sobre la licencia otorgada.n