Los concejales del FCS-Cambiemos, casi todos de extracción radical, recibieron cuestionamientos dentro del propio partido respecto del debate por la cuota solidaria incluida en el aumento salarial para los empleados municipales. La Organización de Trabajadores Radicales ya adelantó que presentará ante el Comité Capital y el Concejo Deliberante una nota para solicitarles explicaciones sobre las razones que esgrime el bloque para oponerse. Los concejales, por su parte, lamentaron que "se confunde la cuota solidaria con una oposición al aumento, y no es así".
Según pudo conocer El Ancasti, los concejales radicales del FCS-Cambiemos tuvieron que responder a los cuestionamientos de los propios dirigentes y militantes partidarios que son además empleados municipales y del CD, por la polémica que se desató en torno al descuento. "Ya nos dijeron desde la OTR que nos van a pedir explicaciones, no hay ningún problema en darlas. Tiene que quedar claro que nadie se opone al aumento ni a que los municipales sean los mejores pagos, sino que estamos hablando de una cuota que se descuenta ilegítimamente a los empleados que no están agremiados", le confió un concejal a este diario. Salvo Simón Hernández, cuyo partido de origen es Movilización, Diego Villafañe, Carlos Álvarez, Fernando Navarro, José Vega y Alicia Paz responden a la UCR.
En la conferencia de prensa que brindaron el jueves, los concejales remarcaron la postura contra la cuota solidaria y pidieron al oficialismo y al gremio que dejen abierta la posibilidad a que el descuento no sea obligatorio. "El concepto de solidaridad tiene que ver con una voluntad de ser solidario, es decir que cada empleado debería poder elegir si quiere o no hacer ese aporte", explicó Navarro, y en sintonía Hernández sostuvo que esta situación "es equivalente a que a un vecino le descuenten la cuota societaria del club de su barrio, aunque no sea socio".
En este sentido, los concejales explicaron que hay un universo de 1.200 empleados no afiliados que bien podrían hacer un aporte voluntario si lo desearan. "Desde 2014 se hace de esta forma y podría haber figuras penales como retención indebida de haberes, y un incumplimiento de la ley de entidades sindicales, que plantea que los acuerdos deben ser homologados por el Ministerio de Trabajo o la DIL", explicó Hernández. En ese sentido, señaló que los empleados están en condiciones de hacer el reclamo administrativo para que se les reintegren las cuotas que se hayan cobrado con anterioridad y eventualmente judicializarlo.
