El ministro de Gobierno y Justicia, Marcelo Rivera, salió al cruce de los planteos de diputados del FCS-Cambiemos, que pidieron la intervención de la Provincia al conflicto de Icaño luego de las denuncias por violencia de género contra el presidente del Concejo Deliberante, Franco Carletta, y de las acusaciones por “persecución” desde el municipio a un comercio vinculado con la ex esposa del edil.
Rivera dejó en claro que la Provincia no se meterá en el tema. Además de cuestionar a los diputados opositores por "querer utilizar políticamente una cuestión intrafamiliar".
El jueves y en conferencia de prensa, un grupo de diputados opositores había solicitado a la Provincia que interceda en el conflicto "antes de que la sangre llegue al río".
Los legisladores recordaron la situación que le toca vivir a la ex esposa del concejal Carletta, "que literalmente se tuvo que ir de la provincia" y a los dueños de la panadería, que son tíos de la nueva pareja de la mujer, que viven "un abuso de poder por parte del municipio".
En ese sentido, calificaron como “grave” que se utilice al municipio de Icaño “como herramienta para llevar adelante una venganza personal por parte de personas que controlan los dos poderes del municipio (Concejo e Intendencia)”.
Además de que bajo el pretexto de mantener las autonomías municipales “no se puede permitir este tipo de actitudes que avasallan las libertades individuales de las personas”.
En diálogo con El Ancasti, Rivera indicó que las acusaciones contra los Carletta "son cuestiones que, si es que hay denuncias, se tienen que resolver en el ámbito de la justicia".
En ese marco, consideró como "lamentable que haya actores de la política que usan este tipo de situaciones para tener un rédito político o para querer modificar la opinión pública sobre una situación que no debería causar mayores comentarios más allá de la justicia".
Para el ministro, a lo que ocurre en Icaño "no hay que darle una magnitud política como la que le quieren dar algún sector, más teniendo en cuenta los tiempos complejos que vive el país y la provincia y en un año que es electoral".
"Este tipo de cosas no le hace bien a la política catamarqueña", dijo.
Sobre las acusaciones de "persecución" del municipio contra la panadería de la familia Maza, el funcionario planteó que "las personas que se sienten damnificadas tienen todo el derecho del mundo de denunciar y es la Justicia la que tiene que aclarar la situación".
"Si hay algo que resolver, nosotros instamos a las partes a que dialoguen para que la cuestión no pase a mayores", sostuvo.
Rivera consideró que las denuncias están en el marco de “cuestiones intrafamiliares" y que como tal se deben resolver en ese ámbito. "Yo reprocho las intervenciones políticas en este tipo de cosas", manifestó.
"Es lamentable la situación de un bloque que quiere mezclar la política con algo intrafamiliar", finalizó.
La polémica en Icaño tomó notoriedad pública cuando la abogada de la familia Maza, Silvia Barrientos, relató los problemas que tuvieron que afrontar sus representados para poder abrir su panadería. La letrada manifestó que el comercio "es una panadería modelo que tiene 25 años de trabajo", pero que la Municipalidad de Icaño clausuró sin ninguna justificación. En ese sentido, añadió que la propia Dirección de Bromatología de la Provincia certificó que el negocio está apto para funcionar, sin embargo la Municipalidad le exige una multa cercana a los $100.000 para poder volver a abrir.
Barrientos indicó que la "persecución" que afronta el negocio familiar tiene como motivo el parentesco que tienen los dueños del emprendimiento con la nueva pareja de la ex esposa de Franco Carletta, quien fue denunciado por violencia de género.
Negociaciones salariales
Por otra parte, el ministro ratificó los dichos de su par de Hacienda, Sebastián Véliz, sobre la no intervención de la Provincia en las negociaciones salariales en los municipios. "La Provincia ya acordó con los gremios y ahora los intendentes tienen una tarea de conversar con los gremios que representan a los empleados municipales para acordar la pauta salarial. Eso ocurre todo los años y aspiramos a que puedan lograr el mejor de los acuerdos para los trabajadores", dijo.
Sobre la ayuda provincial, Rivera aseguró que si lo hace "será con los Fondos de Desarrollo y de Emergencia, que son de los intendentes y ellos eligen la forma de brindar un auxilio".