la dirección de reconocimiento médico de la provincia cuestionó la medida
Pese al rechazo oficial, OSEP avanzó con la auditoría médica paralela a empleados
Se contrató a un profesional particular y se dio de baja a la resolución en la que se contrataba a una empresa. El director de la OSEP lo notificó verbalmente.
Pese al enfrentamiento y los duros cuestionamientos que desencadenó la implementación de una auditoría paralela a la oficial para los empleados de OSEP, la obra social ya lleva adelante su propio control de ausentismo. La auditoría privada la ejerce el médico laboral Juan Pablo Moya, que ya se encuentra desde hace días instalado en el mismo edificio de la obra social y será el encargado de buscar una solución a los “casos problemáticos” de ausentismo, tal como los había calificado el propio director del organismo, Julio Cabur.
El directorio anunció ayer a todo el personal a través de los jefes de área el cese del decreto por el cual se concedía este control a una empresa privada y señaló que el encargado de este control será Moya.
Con el anuncio, quedó de manifiesto que la postura asumida por los miembros de Reconocimiento Médico de la Provincia no será tenida en cuenta.
El titular del organismo, Lorenzo Villagra, había manifestado su descontento por la decisión y había deslizado la posibilidad de que la obra social opte por uno u otro mecanismo de control. Negó de plano que éste se realice en forma paralela y calificó la medida como un despropósito. Villagra fue tajante y sostuvo que “es un despropósito que una empresa privada supervise nuestro trabajo”.
Consideró además que la medida hace “quedar mal” a los profesionales que integran el organismo, ya que se estaría dudando de su idoneidad.
Marcha atrás
La resolución por la cual la obra social había contratado a una empresa privada, con sede en calle Almagro 135, generaba un costo fijo y un pago extra por cada empleado atendido.
De acuerdo con la información a la que pudo acceder El Ancasti, la empresa iba a cobrar una base mensual de $35.000 por el paquete de servicios, la atención realizada en domicilio iba a tener un costo base de $500 para aquellos ubicados en la ciudad Capital y con cargos extra si es que el empleado residía en el interior, dependiendo de la distancia.
La atención con un especialista se había pautado en un costo extra de $700 y si se requería junta médica $1.500, entre otros, con lo que en caso de que la demanda fuera alta, seguramente generaría una cifra más que significativa a pagar por la obra social. Sin embargo, con la decisión de que sea un solo profesional y no una empresa la contratada para tal fin, esas cifras podrían diferir.
Si bien la obra social realizó llamados a concurso de precios por algunos servicios, entre ellos y el más reciente el nuevo sistema informático, en esta oportunidad realizó una contratación directa bajo la potestad de ser un “ente autárquico”, tal como lo señaló el propio Cabur.
La marcha atrás en la decisión de contratar a una empresa volvió a dejar a los empleados en la incertidumbre, más aún cuando desconocen de manera fehaciente cómo se aplicará el mecanismo, que vuelve a diferir de lo anunciado en primera instancia.
Paralelamente el Sindicato de Empleados de la Obra social Provincial (SEOSP) elevó un planteo a la Subsecretaría de Trabajo, donde solicitó intervención y asesoramiento para buscar clarificar la situación.
Antiplus: prevé multas de hasta $18.750
El asesor general de Gobierno, Pablo Gallardo, anunció que esta semana se terminará con la reglamentación de la llamada Ley Antiplus, que busca ponerle un freno al cobro extra que realizan los médicos a los afiliados de OSEP. Está previsto que en los próximos días la gobernadora Lucía Corpacci firme el decreto.
Según indicó el funcionario, la normativa fundamentalmente prevé sanciones para los profesionales médicos que incurran en el cobro y destacó que éstas irán desde una suspensión para trabajar con la obra social hasta multas económicas. De acuerdo con lo que se estableció, los médicos que cobren plus podrían ser sancionados a pagar el valor de un mínimo de 100 órdenes médicas a 250, según la especialidad. Teniendo en cuenta que el valor de éstas es de $75, un médico podría ser sancionado a pagar hasta $18.750.
Gallardo explicó el procedimiento a partir de la ley y señaló que ante la situación del cobro de plus el afiliado puede realizar una denuncia personal en OSEP, o bien por correo electrónico, en cuyo caso deberá comparecer dentro de los 5 días de realizada la denuncia para que se inicie el proceso de investigación.
El procedimiento también puede realizarse por alguna instrucción de oficio de OSEP en algún consultorio. En ese caso el profesional podrá ejercer su derecho a defensa y un tribunal del colegio profesional determinará la sanción.
