La denuncia por violencia de género contra el presidente del Concejo Deliberante de Icaño, Franco Carletta, y la acusación por supuesta persecución de parte del municipio que conduce su padre Pío Carletta contra una panadería, trascendieron el ámbito municipal y tomaron repercusión provincial.
En ese marco, diputados del bloque del FCS-Cambiemos expresaron su preocupación por los hechos denunciados en la localidad lapaceña y pidieron al Gobierno provincial que tome cartas en el asunto para que no pase a mayores.
Mediante una conferencia de prensa, los legisladores Rubén Manzi, Verónica Rodríguez, Francisco Monti, Marita Colombo y Rubén Herrera coincidieron en que en Icaño existe "abuso de poder" y que se confunde "lo público con lo privado".
"Queremos advertir que esta señora (la ex esposa de Franco Carletta) se tuvo que refugiar en Córdoba por su seguridad, además de que se está denunciando que se persigue a parientes de la actual pareja de la mujer", destacó Manzi.
"Lamentablemente, Catamarca es una de las provincias que proporcionalmente más violencia contra la mujer registra. Esto nos preocupa mucho y nos preocupa que se esté ejerciendo desde el Ejecutivo municipal y por alguien que ostenta una responsabilidad pública", añadió.
Finalmente, consideró que hay que tomar acciones urgentes "y no esperar que la sangre llegue al río".
Por su parte, Marita Colombo se refirió a la situación judicial del hecho y recordó que en Catamarca "existe un fuero de violencia contra la mujer creado por la Legislatura y que fue iniciativa de la Gobernadora".
"Lamentablemente nunca se puso en funcionamiento por las pocas partidas presupuestarias que le asignó el Ejecutivo a la Justicia. Debe ser que se olvidaron", añadió.
Además, la legisladora catalogó como "grave" que se utilice al municipio de Icaño "como herramienta para llevar adelante una venganza personal por parte de personas que controlan los dos poderes del municipio (Concejo e Intendencia)".
Más adelante, Francisco Monti indicó que pedirán formalmente a la Dirección de Derechos Humanos y a la Subsecretaría de Asuntos Municipales que intercedan en el caso.
También aseveró que bajo el pretexto de mantener las autonomías municipales "no se puede permitir este tipo de actitudes que avasallan las libertades individuales de las personas".
Además, consideró que este caso "no está en la órbita de acciones privadas, ya que se utiliza al municipio para perseguir gente".
Verónica Rodríguez cuestionó que en la Provincia "no sea una política de Estado combatir la violencia de género".
"Ésta es una oportunidad para que la Gobernadora pueda demostrar que las instituciones no pueden ser utilizadas para instigar y propagar la violencia de género", cerró.
Por último, Rubén Herrera valoró la "fortaleza que tienen los ciudadanos para defenderse", al destacar la primera denuncia pública que hizo la hija de los dueños de la panadería.