La Corte Suprema falló a favor de la provincia de San Luis, que reclama al gobierno nacional unos $15.000 millones de la coparticipación de impuestos.
La Corte Suprema falló a favor de la provincia de San Luis, que reclama al gobierno nacional unos $15.000 millones de la coparticipación de impuestos.
La sentencia es una continuación de la que el máximo tribunal dictó en noviembre de 2015, que consideró inconstitucional la detracción de impuestos a las provincias para financiar a la Anses y que, según reclamó el Gobierno puntano, la Nación no cumplió.
Los jueces Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti firmaron ayer el acuerdo para exigirle a la Nación el cumplimiento de aquel fallo de fines de 2015, emitido semanas antes del cambio de Gobierno. El presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, se excusó porque, como abogado, representó a la provincia de Santa Fe en el litigio inicial.
El Tribunal fundó su fallo al considerar inconstitucional el artículo 76 de la ley 26.078 de Presupuesto para el año 2006, que disponía la prórroga unilateral de la detracción del 15% de la masa coparticipable.
El Tribunal optó por brindar a las partes la oportunidad de convenir y determinar tanto la cuantía de la condena como la forma y plazos de cumplimiento, conforme había ocurrido en oportunidades anteriores.
Transcurridos más de tres años sin que se haya alcanzado un acuerdo, y ante la existencia de diversos criterios entre el Estado Nacional y la Provincia involucrada, la Corte resolvió los puntos pendientes y determinó las pautas para fijar el monto.
La Corte resolvió que corresponde aplicar la tasa pasiva promedio del Banco Central de la República Argentina, rechazando de esta manera el criterio de la Provincia de San Luis que postuló que se aplique la tasa activa del Banco Nación Argentina
Además, desestimó lo solicitado por el Estado Nacional respecto de la aplicación de la tasa del 6% anual prevista en el "Programa Federal de Desendeudamiento de las Provincias Argentinas", al que la actora no ingresó, e impugnó judicialmente, y en el "Consenso Fiscal", no subscripto por San Luis.