Diputados del bloque del FCS–Cambiemos “Vamos Juntos” presentaron una nota a la gobernadora Lucía Corpacci, donde piden certezas con relación a la aplicación de la tarifa social nacional que, a partir de un acuerdo con la Nación, pasó a ser responsabilidad de las provincias. En ese sentido, los legisladores indicaron que hasta la fecha "no hay novedad" sobre la aplicación de este beneficio en Catamarca. Además, solicitan que cuando se aplique, sea de la misma forma que lo hizo la Nación en su momento.
"Es sabido que a través del Consenso Fiscal subscripto entre el Estado Nacional y las provincias (entre ellas, Catamarca) se acordó que a partir de este año, cada jurisdicción definirá la tarifa eléctrica diferencial en función de las condiciones socioeconómicas de los usuarios residenciales", recordaron los legisladores.
En ese marco, advirtieron que "el acuerdo citado se enmarca en la decisión política adoptada por la Nación de promover el incremento de recursos en favor de las provincias". Así, destacaron que este año se producirá una transferencia automática del 47% de la recaudación impositiva coparticipable. "Esto contribuyó a que Catamarca tenga un superavit", añadieron.
Más adelante, recordaron que hasta el año pasado estuvo vigente una tarifa social, cuyos criterios rectores fueron establecidos por el ex Ministerio de Energía y Minería. En ese sentido, consideraron como "oportuno, conveniente y razonable” dar continuidad a la Tarifa Social instituida por la normativa nacional, para lo cual, indicaron que “resulta necesario dictar los instrumentos legales pertinentes mediante los cuales se instituya una tarifa social análoga a la Tarifa Social Nacional".
"En línea con esa razonabilidad es que el universo de beneficiarios debería resultar como mínimo idéntico al establecido en las resoluciones del ex Ministerio de Energía y Minería", sostuvieron.
De esta forma, recomendaron que los beneficiarios de la nueva tarifa social, deben ser: Jubilados o pensionado por un monto equivalente a dos veces el haber mínimo nacional; Personas con empleo en relación de dependencia, que perciben una remuneración bruta menor o igual a 2 Salarios Mínimos Vital y Móvil; Ser titular de programas sociales; Estar inscripto en el Régimen de Monotributo Social; Estar incorporado en el Régimen Especial de Seguridad Social para empleados del Servicio Doméstico; Estar percibiendo el seguro de desempleo; Contar con certificado de discapacidad.
También, consideraron que el alcance del beneficio debería como mínimo disponer de un subsidio del 100% del precio mayorista hasta los 150 kWh y que, en caso de superarse dicho número hasta los 300 kWh, se subsidie el 50% del excedente. Este método también estaba previsto en la tarifa social nacional.
Finalmente, señalaron que el periodo de receso legislativo "impide que a través de un trámite parlamentario ordinario se impulse y sancione una normativa como la que se propone dentro de los tiempos razonables, por lo cual entendemos resultaría lógico que con la mayor celeridad posible se dicte una normativa en el sentido propuesto, sin perjuicio del posterior abordaje del Poder Legislativo en relación a la temática".
