BUENOS AIRES- La comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura de la Nación ordenó las primeras medidas de prueba contra el juez federal Luis Rodríguez, acusado de recibir coimas, y unificaron las causas en su contra. En paralelo, el procurador General de la Nación, Eduardo Casal, desestimó un pedido de un juez de Dolores para iniciar una investigación en contra del fiscal federal Carlos Stornelli por otro supuesto pedido de coimas. En este último caso se ordenaron allanamientos y legisladores del FV pidieron convocar a los testigos al Congreso.
El Consejo de la Magistratura dejó la investigación en el caso del juez Rodríguez a cargo del consejero representante de los académicos, Diego Molea. Según se informó, el organismo solicitará las declaraciones juradas de Rodríguez y una copia del testimonio de Carolina Pochetti, viuda de Daniel Muñoz, en el que la mujer aseguró que su esposo le pagó 10 millones de dólares al juez para que no avance una causa en su contra. También, se enviará un oficio a las entidades emisoras de tarjetas de crédito para que informen los gastos que realizó Rodríguez en el último tiempo, mientras que al Banco Central le pedirán datos sobre las cuentas que estén a su nombre.
Asimismo, pedirán a la Unidad de Información Financiera algún reporte de operaciones sospechosas en el que esté vinculado el magistrado, si es que existieran, requerirán a la Dirección de Migraciones todos los registros sobre entrada y salida del país del juez sospechado; al Registro de la Propiedad Inmueble y Automotor de Provincia de Buenos Aires y la CABA pedirán datos sobre los bienes de Rodríguez.
Todo esto se resolvió durante la sesión extraordinaria realizada ayer. Los integrantes del organismo judicial consideraron la denuncia que presentó el abogado constitucionalista Ricardo Monner Sans en 2018 y las que se sumaron después con la declaración de Pochetti: una del presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, Guillermo Lipera, y otras dos de la Coalición Cívica.
Stornelli
Por otra parte, el procurador General de la Nación, Eduardo Casal, rechazó el pedido del juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, para iniciar una investigación tras una denuncia contra el fiscal Carlos Stornelli por un supuesto pedido de coimas en el marco de la "causa por los cuadernos". Casal sostuvo que "no es función del procurador general de la Nación realizar las medidas" que solicitó Ramos Padilla, ya que son propias de las atribuciones de su jurisdicción.
El procurador comentó de todos modos en su resolución que "se brindará la colaboración necesaria a la investigación penal" y pidió al juez federal de Dolores que le haga saber si se ha requerido la imputación de algún funcionario del Ministerio Público Fiscal de la Nación.
La acusación contra el fiscal Stornelli surgió de una presentación judicial del empresario agropecuario Pedro Etchebest, que aseguró ante la Justicia que el abogado Marcelo D´Alessio le exigió dinero para quitarlo de la "causa de los cuadernos", en la que supuestamente aparecía nombrado por Juan Manuel Campillo, ex titular de la ONCCA. De acuerdo a la denuncia del empresario, Stornelli estaba al tanto del pedido que le hizo el letrado. D´Alessio, por su parte, está acusado de extorsionar al empresario. Sobre la casa de D'Alessio, y por orden de Ramos Padilla, cayó un doble allanamiento en el partido bonaerense de Esteban Echeverría, en el marco de dos causas en las que está involucrado, una de ellas por ese supuesto pedido de coimas. Por otra parte, el ex mano derecha de Julio De Vido, Roberto Baratta, consideró como "un mamarracho" la denuncia presentada por la Coalición Cívica en la que se lo involucra con una supuesta "operación" contra el fiscal Stornelli. "Es un mamarracho, es un avasallamiento, una invasión a mi privacidad y al resto de los presos que estamos acá", manifestó Baratta en declaraciones radiales.
"Lo lógico sería que Elisa Carrió aclare quien le pasó las transcripciones de las supuestas desgrabaciones ilegales que obtuvieron. Esto es de un riesgo institucional enorme y avasalla cualquier privacidad", añadió en alusión a la presentación de las diputadas Paula Oliveto y Mariana Zuvic de escuchas telefónicas para defender a Stornelli.
