De dos centrales termoeléctricas

Imputaron a Macri y a funcionarios por intento de privatización

Se investiga un presunto fraude por U$S 400 millones en el intento de venta a un 'precio vil'.
martes, 12 de febrero de 2019 · 04:00

El presidente Mauricio Macri, el ex ministro de Energía, Juan José Aranguren, y el actual secretario de esa área, Javier Iguacel, fueron imputados por el intento de privatizar a “precio vil” las centrales termoeléctricas Ensenada de Barragán y Brigadier López. 
La causa, que fue dada a conocer ayer, está a cargo del juez Daniel Rafecas y la investigación quedó en manos del fiscal Gerardo Pollicita.
Según se indicó, Central Puerto, propiedad de Nicolás Caputo, amigo personal del presidente Macri, fue la única empresa que preclasificó en las licitaciones para la usina Brigadier López. Por Ensenada Barragán preclasificaron YPF y, nuevamente, Central Puerto.
La denuncia fue presentada en noviembre de 2018 por los diputados nacionales del FpV-PJ Rodolfo Tailhade, María Emilia Soria, María Fernanda Vallejos y Adrián Grana y tuvo avances en los últimos días. 

Más imputados
Además de los tres imputados, también son investigados el presidente de Ieasa -la ex Enarsa-, Mario Dell Aqua; el director ejecutivo y gerente de termoeléctricas de Ieasa, Alberto Raúl Brusco; el gerente de control de proyectos de esa empresa, Adolfo Marcelo Piccinini; el ex presidente de Enarsa, Hugo Balboa; y el empresario Ángelo Calcaterra, dueño de Iecsa, histórica empresa del Grupo Macri.
Las privatizaciones fueron habilitadas mediante el decreto N° 882/2017, con fecha 1° de noviembre de 2017, firmado por el propio presidente Macri. 

La central Barragán fue tasada por el Estado en US$305,9 millones y un monto mínimo de oferta en efectivo de US$229 millones. 
En el caso de la central Brigadier López, la valuación oficial fue de US$207 millones, con un mínimo de oferta en efectivo de US$155 millones. En total, serían casi 400 millones de dólares menos que el valor real de las usinas en cuestión.
Se trata de la primera privatización que realizó el gobierno de Macri, que incluso en su momento fue duramente cuestionada por la UCR –en oportunidad de repudiar el intento de privatización de Transener-, y que terminará convirtiéndose en un escandaloso acuerdo.

Además de las sospechas de que se intentó privatizar estas dos centrales a precio vil para favorecer los negocios de Caputo, en el proceso licitatorio habrían ocurrido numerosas irregularidades. Iecsa, que junto a Isolux había ganado la licitación para la construcción de las centrales, dejó obras sin terminar pero fue indemnizada con $1.600 millones por el Estado durante la gestión de Macri, primo de Calcaterra.

Por otra parte, dos de los imputados en la causa, Bruso y Piccinini, trabajaron para Calcaterra y el Grupo Macri durante más de una década. Hacia fines de 2017, desembarcaron en Enarsa junto a Aranguren y Balboa, por lo que estuvieron en los dos lados del mostrador en la negociación que le reportó una indemnización de $1.600 millones al primo del presidente.
Según consta en la denuncia presentada por los legisladores opositores, “resulta evidente que los antiguos empleados de la familia Macri han sido allí designados para direccionar y/o influir sobre el procedimiento de privatización de las centrales térmicas y favorecer económicamente a distintas personas cercanas al Presidente”.n

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