A partir de la firma de la adenda al Consenso Fiscal la provincia cesará en los reclamos judiciales que había iniciado por los fondos de coparticipación que se habían recortado durante la gestión del expresidente Mauricio Macri, pero mantendrá otros planteos que ya estaban avanzados como el reclamo por el Fondo Federal Solidario.
En la última sesión extraordinaria de la Cámara de Senadores se convirtió en ley la adenda al Consenso Fiscal que el gobernador Raúl Jalil firmó el 17 de diciembre con el presidente Alberto Fernández.
El presidente de la Comisión de Presupuesto Raúl Barot explicó que la adenda prevé la suspensión de dos puntos e hizo referencia a la reducción de las alícuotas de Ingresos Brutos, Sello e Inmobiliario, como también al levantamiento de los reclamos judiciales iniciados por las Provincias contra la Nación.
En este sentido fuentes del oficialismo confirmaron que se trata de las demandas judiciales que la provincia había realizado por fondos coparticipables.
En agosto del año pasado, luego de perder las PASO, el ex presidente Mauricio Macri realizó anuncios que afectaban los fondos de coparticipación de las provincias.
En octubre, la Corte Suprema se pronunció en contra del decreto de Mauricio Macri que eliminó el IVA a los alimentos de la canasta básica y a favor del reclamo judicial que habían iniciado varias provincias, Catamarca entre ellas.
En rigor, la acordada de los jueces deja en pie la rebaja para los consumidores, pero obliga a la Casa Rosada a “no afectar la coparticipación” a las provincias por la pérdida de recursos que implicaría para esos distritos dejar de percibir la parte del IVA que les gira la Nación mes a mes.
Lo mismo ocurría con los cambios dispuestos en el impuesto a las Ganancias: el Gobierno decretó la elevación del mínimo imponible y la devolución del excedente pagado por los trabajadores durante este año, pero ese alivio impactó en los ingresos provinciales.
La decisión de la Corte llegó a propósito de las presentaciones de 15 provincias, que habían recurrido al máximo tribunal para evitar perder esos fondos. Ahora las provincias dejarán sin efecto esas acciones judiciales y negocian un nuevo esquema de distribución de fondos con la Nación.
En principio, acordaron la suspensión por un año del Consenso Fiscal en lo referido a la baja de los impuestos provinciales sobre Ingresos Brutos y Sellos. Este acuerdo permitirá “aliviar” las finanzas provinciales en tiempos de crisis y caída de recaudación.
Según estimaciones del Gobierno nacional, el alivio será de $50.000 millones durante el año próximo.
A cambio de ese gesto por parte de la Administración central, las provincias firmaron una suspensión (también por un año) de los reclamos judiciales relacionados con coparticipación a la Nación.