A pesar de las manifestaciones en contra y los incidentes que se sucedieron días pasados, el Gobierno mendocino informó que las empresas mineras ya tienen luz verde para que se comience la exploración para la explotación minera en su territorio, por lo que ya se iniciaron contactos con el sector, al cual además le ofrecerán beneficios impositivos.
Así lo señaló el ministro de Economía, Enrique Vaquié, quien afirmó que con la promulgación la reforma de la ley 7.722 (que lo impedía), las empresas mineras ya pueden comenzar a "pedir permiso de explotación y cateo para buscar en los lugares en los que puede haber minerales".
El funcionario dijo que el contacto "más avanzado" es por el proyecto San Jorge, iniciativa que pretende instalarse en Uspallata, a cuyos interesados se les ha pedido una "nueva declaración de impacto ambiental". Ese proyecto minero de oro y cobre se ubica a unos 150 kilómetros de la Ciudad, y es de la compañía rusa Aterra Group, que en el 2013 adquirió la totalidad de las acciones del proyecto a su iniciadora, la firma canadiense Coro Mining.
Vaquié destacó que a partir de la promulgación de la ley 9209, el Gobierno "asumió los compromisos establecidos para los controles necesarios", con el objetivo de que avance la exploración y explotación. "Enviaremos un proyecto a la Legislatura para incentivar que la minería contrate proveedores y empleo local. La idea es avanzar con créditos blandos y baja de impuestos si las empresas contratan proveedores y empleo local", resaltó.
Ese proyecto de ley para impulsar la actividad a pesar de la fuerte resistencia social y ambientalista llegará a la Legislatura en 30 días, dado que la gestión del radical Rodolfo Suárez está trabajando en su elaboración. También señaló que existe otro proyecto que estaría avanzado en Malargüe, aunque no dio más detalles sobre la firma que haría la explotación en el sur.
Manifestaciones
Vecinos autoconvocados y miembros de la ‘Asamblea del Pueblo de Mendoza por el Agua’ se reunirán nuevamente hoy a organizar las próximas acciones de lucha a seguir contra la promulgada ley 7722 que autoriza la actividad minera con sustancias contaminantes. A las 10, en la sede del SUTE, llaman a “seguir encontrándonos porque la Ley 7722 No se Toca”. En Mendoza existen las asambleas de San Carlos, Tunuyán, Huanacache (Lavalle), Las Heras, Tupungato, Uspallata, Tunuyán, la Popular (de la ciudad), Malargüe, San Rafael, General Alvear, Asamblea por el Arbol, Zona Este, Maipú, Luján y Godoy Cruz.
“Nuestro pueblo ha comprendido el peligro que significa tener la actividad megaminera aguas arriba en toda nuestra cordillera. Esta es la razón de fondo de la masividad del reclamo actual. Hay una crisis de representación porque no tienen licencia social”, aseguraron los ambientalistas, que critican, además, “el modo en que se quiso imponer la ley, lo que ha generado que toda la sociedad esté unida en esta lucha”.
Por otro lado, desde la Comisión de Reinas Nacionales de la Vendimia comunicaron su unión al pedido del pueblo de Mendoza y solicitaron que “no se realice ningún acto previsto para las fiestas de Vendimia 2020, hasta que se de marcha atrás con esta reforma que pone en peligro nuestro recurso más preciado que es el Agua”.
“El gobierno promulgó las modificaciones pasando por arriba de los mendocinos que pacíficamente pidieron el veto. Frente a la negativa por parte del gobernador Rodolfo Suárez para retrotraer la modificación que habilita el uso de contaminantes como cianuro o ácido sulfúrico, y el rechazo a la protesta, creemos necesario y urgente que no se realice ningún acto previsto para la Vendimia 2020”, indicaron desde la Comisión.
Por su parte, Enrique Viale, abogado ambientalista, auguró que “si no sacamos el veto, sacamos la inconstitucionalidad”, y llamó “a seguir la lucha en las calles, protestando sin vendimia, y lo que sea, porque se está nacionalizando la protesta y se está ganando”.
“Además de seguir en las calles, necesitamos que todos los sectores de la sociedad mendocina se expidan en defensa del agua pura exigiéndole al gobernador Rodolfo Suárez y a la cúpula del PJ que den marcha atrás con esta ley inconstitucional. La 7722 no se toca”, afirmaron desde la Asamblea.
