El oficialismo se disponía a convertir en ley la emergencia económica

Al inicio de la sesión, el jefe del interbloque opositor, Luis Naidenoff, solicitó dos horas de cuarto intermedio para "tomar conocimiento de las modificaciones" hechas al proyecto por la Cámara de Diputados.

Naidenoff puso esto como condición para habilitar el tratamiento del tema, dado que al no tener dictamen de comisión el Frente de Todos necesita que los dos tercios de los presentes avalen el inicio del debate del proyecto.

Ante ese escenario, su par del Frente de Todos, José Mayans, aceptó el pedido y, finalmente, se acordó que la pausa fuera de una hora y media.

Sin embargo, finalizado el cuarto intermedio, el Frente de Todos, con mayoría suficiente para tener quórum propio, bajó en soledad al recinto y habilitó el tratamiento sobre tablas con los dos tercios de los presentes, que en ese momento eran solo los que acompañan el proyecto.

En realidad, la ausencia de Juntos por el Cambio fue lo que le permitió al oficialismo habilitar el tratamiento, debido a que la intención de un sector del PRO y otro de la UCR -con Martín Lousteau como principal impulsor de la estrategia- era bajar al recinto para que el Frente de Todos no alcanzara por sí solo los dos tercios y bloquear así el debate.

Así lo indicaron fuentes de la bancada opositora, quienes precisaron que la ausencia de Juntos por el Cambio en el recinto fue por un acuerdo al que llegaron el presidente del bloque PRO, Humberto Schiavoni, con el jefe del Frente de Todos, José Mayans.

Juntos por el Cambio adelantó que votará en contra del proyecto en general y acompañará en la votación particular algunos capítulos.

El proyecto, que delega facultades del Congreso en el Poder Ejecutivo, establece un impuesto del 30% sobre la compra de dólares para ahorro, gastos con tarjeta y compra de servicios; suspende por 180 días la movilidad jubilatoria; establece un nuevo esquema de retenciones y aumenta bienes personales.

También fija un plan de regularización de deudas para las pymes, autoriza al Ejecutivo a revisar el cuadro tarifario del sistema energético y a intervenir los entes reguladores del gas y la electricidad ENARGAS y ENRE, respectivamente.

Suspensión
Por otra parte, el Senado aprobó casi por unanimidad y giró a la Cámara de Diputados la suspensión del pacto fiscal de 2017 que el presidente Alberto Fernández acordó con los gobernadores.

El proyecto fue aprobado con 63 votos a favor, uno en contra, del entrerriano Alfredo De Ángeli (Juntos por el Cambio) y una abstención, de la tucumana Silvia Elías de Pérez (Juntos por el Cambio).

En el inicio del debate, el puntano Adolfo Rodríguez Saá (Frente de Todos) defendió el proyecto y señaló: "El acuerdo que pedimos hoy es consecuencia del acuerdo para el nuevo federalismo firmado en mayo de 2016 y el consenso fiscal de noviembre de 2017. Estos compromisos significaron una reducción de las alícuotas de algunos impuestos".

"Lo que se busca con este acuerdo es devolverle a la provincias la autonomía y que tengan capacidad para modificar las alícuotas y cobrar los recursos como corresponden", explicó Rodríguez Saá.