El bloque de diputados Unión Cívica Radical presentará el lunes una impugnación al pliego del abogado Facundo Barros que el Poder Ejecutivo envió a la Cámara de Senadores. Es a partir del informe que elaboró la Corte de Justicia y que consideró que Barros no reúne los requisitos para convertirse en fiscal de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública.
El presidente y vicepresidente del bloque UCR, Víctor Luna y Francisco Monti, respectivamente, cuestionaron la propuesta del Poder Ejecutivo pero además consideraron que existe un avasallamiento al Poder Judicial por parte del Gobierno.
La decisión surgió luego de una reunión de bloque de los diputados con el presidente del bloque UCR del Senado, Ariel Cordero.
"Vamos a realizar una presentación impugnando el pliego y sino vamos a seguir los pasos judiciales por ese tema. Está muy claro y es contundente el informe de la Corte, que indica que Facundo Barros no reúne las condiciones que marca la Constitución", señaló el diputado Víctor Luna.
En el informe de la Corte, los jueces resaltan que Barros, de 34 años, si bien cumple con los requisitos de edad (mayor de 25) y posee desde hace tres años su matrícula profesional, “no acredita el ejercicio de la profesión en el fuero penal para ocupar el cargo” para el que fue propuesto por el Ejecutivo provincial y por el cual le pidió informe a la Corte de Justicia.
“No cabe duda de que el postulante no cumple con las exigencias constitucionales para el cargo que se lo postula, por lo tanto, la contestación del pedido de informe que solicita el Poder Ejecutivo debe evacuarse resaltando que el Dr. Barros no reúne los requisitos establecidos en la Constitución y en especial en lo que se refiere al art. 213”, expresó el máximo tribunal provincial.
"Nos preocupa; es una suerte de avanzada al Poder Judicial. Además, Barros es un afiliado al Partido Justicialista, con lo que está comprometido políticamente", observó Luna y añadió que si obtiene el acuerdo no existen garantías de que se investiguen las denuncias que están radicadas en esa Fiscalía y las que puedan llegar a ingresar.
El vicepresidente del bloque, Francisco Monti, también se refirió a la situación: "El envío de pliegos envueltos en cierta polémica ya lo hicimos notar, incluso antes del nombramiento de los nuevos miembros de la Corte de Justicia. La famosa reforma judicial que prometieron nunca se concretó. Sin embargo, se viene llevando adelante el vaciamiento de los concursos y los nombramientos discrecionales por parte del Ejecutivo", analizó el legislador.
"Independientemente de las personas que son designadas, en algunos casos no se visualiza la idoneidad de algunos postulantes para ocupar cargos claves en el Poder Judicial. A eso se suma que algunos casos se presentan con altas dosis de nepotismo", añadió.
"Considero que el Poder Judicial de la Provincia debe ser un poder totalmente independiente, no puede ser manoseado de esta manera", añadió.
Monti recordó que cuando asumió Raúl Jalil como gobernador, en su discurso ante la Asamblea Legislativa planteó que su gestión se caracterizará por la búsqueda de consensos, entre ellos, el que se requiere para llevar adelante la reforma de la Constitución de la Provincia.
"Nosotros, desde la oposición, hemos dado muestras de querer buscar acuerdos. Prueba de ello es el acompañamiento que dimos a los proyectos que fueron remitidos a la Cámara. Sin embargo, para llevar adelante la reforma se requiere que se genere la confianza suficiente para saber que, como mínimo, se van a respetar las instituciones y se va a garantizar que el Poder Judicial mantenga su total independencia. Estas situaciones no nos generan confianza en lo más mínimo", concluyó.
"Vamos a hacer todo lo que sea necesario para salvaguardar la independencia del Poder Judicial y el nombramiento de personas idóneas al frente de los juzgados y fiscalías", sostuvo.
Barros fue uno de los postulantes para ocupar la Fiscalía Nº 6. En aquel momento se había integrado una terna, pero luego él, junto con otro postulante, se bajó del concurso y fue declarado desierto. Luego, el Poder Ejecutivo envió su pliego al Senado, una Cámara que tiene 14 senadores del oficialismo.
