Tras su promulgación en el boletín oficial, la diputada Adriana Díaz presentó el proyecto de adhesión a la Ley Nacional 27.533 que incorpora el concepto de Violencia pública- política a la Ley 26.485 de “Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales”.
“El objetivo de adoptar esta norma para la provincia es el de impulsar la adopción de normas, programas y medidas en todos los ámbitos desde un enfoque transformador, alentar a partidos políticos y medios de comunicación para actuar frente a este problema y comprender básicamente que la violencia política: está basada en el género y tiene como objeto o resultado menoscabar o anular los derechos políticos de las mujeres”, señaló la legisladora.
La nueva norma, redefine el concepto de violencia género asentado en la Ley 26485 por el siguiente: “Se entiende por violencia contra las mujeres toda conducta, por acción u omisión, basada en razones de género, que, de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, participación política, como así también su seguridad personal. Quedan comprendidas las perpetradas desde el Estado o por sus agentes. Se considera violencia indirecta, a los efectos de la presente ley, toda conducta, acción, omisión, disposición, criterio o práctica discriminatoria que ponga a la mujer en desventaja con respecto al varón”.
Además, suma a los ya conocidos de violencia económica, física, simbólica, psicológica y sexual el de violencia política, entendido como “La que se dirige a menoscabar, anular, impedir, obstaculizar o restringir la participación política de la mujer, vulnerando el derecho a una vida política libre de violencia y/o el derecho a participar en los asuntos públicos y políticos en condiciones de igualdad con los varones”.