Sin avances en las causas por corrupción en la administración pública
Varios expedientes esperan para que se determine la responsabilidad de los funcionarios que fueron denunciados. Otras fueron elevadas a juicio pero no tienen fecha para el debate oral.
La investigación de los delitos cometidos contra la administración pública no registraron demasiados avances en un año que estuvo marcado por el ritmo electoral. En este sentido, algunas causas que se denunciaron en los últimos años quedaron paralizadas o registran pocos avances. En este grupo se encuentran denuncias tales como la del alquiler de maquinarias en Vialidad Provincial, las presentaciones que realizó la diputada Paola Bazán por irregularidades en la gestión del ex vicegobernador Octavio Gutiérrez en la Secretaría de la Vivienda, la sobrefacturación en la obra pública, los sobresueldos en Educación, entre otras. Además, algunas causas que salieron de la Fiscalía para la elevación a juicio esperan fecha ya que aparecen como prioridad. A esto se suma que el año cierra sin que se pudiera concretar el debate oral por las causas como las compras directas de Acción Social y el Megafraude, que están radicadas en las cámaras penales.
Por una norma aún no escrita, la investigación de los hechos de corrupción generalmente se paraliza en los años electorales para evitar la utilización política de la denuncia en sede judicial. A esta situación se sumó que el fiscal Marcelo Sago, quien era el titular de la Unidad Fiscal de Delitos contra la Administración Pública, concursó para ocupar otro cargo en el Poder Judicial. En septiembre de este año Alejandro Gober fue designado fiscal en comisión al frente de la Fiscalía de Delitos contra la Administración, en reemplazo de Sago, quien asumió como juez de Control de Garantías de la Cuarta Nominación.
Algunas causas que salieron de la Fiscalía Nº 6 esperan por la fecha para el juicio oral. En agosto de este año, Sago consideró finalizada la investigación por las presuntas irregularidades con órdenes médicas de la Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP) y solicitó la elevación a juicio. Las irregularidades habían salido a la luz en diciembre de 2013 cuando la Comisión Directiva del Colegio Médico denunció en Fiscalía General la existencia de una gran cantidad de órdenes médicas irregulares o “truchas” que habían sido presentadas por un grupo de médicos para facturarlas a la OSEP.
En diciembre de 2018, la Fiscalía imputó a ex funcionarios de la Secretaría de la Vivienda durante la gestión del ex vicegobernador Octavio Gutiérrez y al empresario Ariel Barceló (Vial Nort) por el sobreprecio de la obra del ex Sussex, hoy conocido como Centro de Integración e Identidad Ciudadana.
La fiscalía imputó por fraude a la administración pública y administración infiel al ex director del Infrabas (Programa de Infraestructura Social Básica) Walter Ogas, a la ex titular de Administración Contable y Financiera de la Secretaría de la Vivienda Silvia Alejandra Quinteros, imputada ya en otra causa, y a Verónica Moya (Tesorera de la Secretaría de Estado de Vivienda y Desarrollo). También imputó al empresario Barceló, uno de los que también aparece comprometido en la investigación por el alquiler de maquinarias por parte de Vialidad provincial.
El año pasado comenzó una profunda investigación por supuestas irregularidades en la contratación de maquinaria vial a un grupo de empresas. La investigación comenzó por la denuncia de un empleado por la adulteración de títulos. El ex administrador de Vialidad Hugo Naranjo quedó comprometido en la causa aunque no llegó a ser imputado. La gobernadora Lucía Corpacci le pidió la renuncia en septiembre de este año cuando ya fue evidente el negocio que se había montado alrededor de la contratación de maquinaria vial.
La causa destapó varias ollas y puso también en la mira a empresarios como Víctor Núñez, Claudio Suárez, Ariel Barceló, entre otros, que desfilaron por la Fiscalía pero no llegaron a ser imputados. Otra investigación que quedó a mitad de camino es la que se realizó por corrupción en la Secretaría de la Vivienda a partir de la denuncia que inició la diputada Paola Bazán en 2016.
La causa está radicada en la Cámara Penal Nº 1, en la que están imputadas la ex directora contable de la Secretaría de la Vivienda Silvia Quinteros; su secretaria, Jacqueline Figueroa; el hermano de esta última y propietario del corralón San Fernando, Gonzalo Figueroa; y la madre de los hermanos Figueroa, María Margarita Cisneros; por irregularidades cometidas en la Vivienda en las que se los acusa de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.
Corrupción policial Las causas que sí registraron avances en la Fiscalía Nº 6 están vinculadas con la corrupción en ámbitos de la Policía. Así, por ejemplo, en 2016 se realizó la denuncia contra el entonces comisario mayor Héctor Daniel Nieto, jefe a cargo de zona norte, que depende de la Unidad Regional Nº 1. La investigación judicial concluyó que habría sustraído la suma de $ 458.779, correspondiente a vales de combustibles destinados a abastecer a todos los móviles que prestaban servicio en las dependencias policiales que conforman el área norte. Nieto había recibido esos fondos en razón de su cargo, pero después no rindió cuentas ni dio explicaciones sobre el destino de las partidas. En septiembre de 2017, la Unidad Fiscal de Delitos contra la Administración Pública elevó a juicio la causa y Nieto quedó imputado como supuesto autor de los delitos de peculado en concurso ideal con el delito de violación de los deberes de funcionario público.
En febrero de 2018 otro comisario fue denunciado, se trata del comisario Ramón Ismael Ávalos. En ese entonces jefe a cargo de la Comisaría Novena, fue denunciado por un oficial principal por llevarse una desmalezadora que se encontraba en el depósito de la comisaría y que había sido secuestrada. En el marco de la investigación, la Fiscalía de Delitos contra la Administración Pública le imputó el delito de “peculado” e “incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
En 2016 la diputada Paola Bazán denunció las maniobras irregulares en la Secretaría de la Vivienda durante la gestión de Octavio Gutiérrez al frente del organismo. La investigación probó que la ex directora contable Silvia Quinteros y su secretaria Jacqueline Figueroa eran socias junto con Cisneros en la firma RAF SRL, titular del “Corralón San Fernando”, que era proveedora de la Secretaría y se había creado solo para ese fin. Una parte de la investigación se elevó a juicio y espera por fecha en la Cámara Penal Nº 1.
A fines de agosto de 2018 se conoció la denuncia por supuestas irregularidades en la contratación de maquinarias de Vialidad Provincial, tras revelarse una adulteración de títulos en vehículos que habían sido contratados por el organismo provincial. Desde ese momento comenzaron a surgir varias irregularidades que pusieron sobre el tapete la relación del organismo provincial con un grupo de empresarios, propietarios de máquinas diversas.
La Fiscalía imputó en diciembre de 2018 a ex funcionarios de la Secretaría de la Vivienda y al empresario Ariel Barceló (Vial Nort) por el sobreprecio en la obra del Centro de Integración e Identidad Ciudadana. La investigación quedó en esa instancia y la causa no se elevó a juicio. Otra denuncia que quedó a mitad de camino es la que realizó el gremio de UDA por el cobro de sobresueldos en Educación. En la causa quedó imputado el ex funcionario Aldo Creche.
